Mientras un trabajador necesita más ingreso para cubrir los $ 876,22 que determina la línea de pobreza y $ 415,27 la de indigencia, por cada hora de trabajo de un asalariado, los empresarios obtienen más ganancias que hace un año atrás.
Según datos del INDEC, en el segundo trimestre del 2006 respecto al mismo período del año anterior, la productividad horaria de un trabajador de la industria creció. Generó un 8% más de riqueza, sin embargo de esa riqueza aportada, el trabajador obtiene solo un 5%.
Al hablar de “productividad” estamos hablando también de la ganancia que le produce al empresario una hora de trabajo de sus obreros. La postal es lo suficientemente expresiva para dar cuenta de que algo no ha cambiado en el procedimiento de los actores del compromiso social, para seguir esperanzados en que el crecimiento económico se derramará hacia los más necesitados. Lo que se observa más bien, es un derrame al revés.
Concordia es un buen ejemplo para reparar. El crecimiento económico ayudó a la evolución de la tasa de empleo de la población, pero muy poco a bajar los niveles de pobreza, y absolutamente en nada la desigualdad social. El 60% de los trabajadores concordienses tienen sueldos y jornales inferiores a los determinados para esquivar a la pobreza e indigencia. Los datos revelan, de alguna manera, que la inequidad, aún en contextos prósperos, opera socialmente mucho más allá de los planos que delinean los números de la economía.
La relegada dimensión moral del trabajo
La proliferación de agencias de servicios eventuales como intermediarias en la contratación de trabajadores para tareas que no revisten tal calidad de eventualidad en nuestra ciudad, es uno de los tipos de simulación más impúdico del mercado laboral que lo precariza aún más. El uso de este mecanismo de dolo laboral, reside básicamente en las ausencias de verificaciones por parte del Estado en los cumplimientos de que las empresas se ajusten en todos los casos a la finalidad del sistema.
Un dato a destacar, es que para el Decreto que reglamenta la Ley 24013 quienes tienen la facultad de control (a subcontratistas o empresas de servicios eventuales) y que hacen las veces de autoridad de aplicación, son, las empresas madres (o sea las que subcontratan trabajadores) y el Ministerio de Trabajo. Aquí es donde aparece el primer agujero negro, no se cumple correctamente esta disposición. Ni en la fiscalización de los montos en concepto de sueldos y jornales que facturan estas empresas de servicios y que en muchos de los casos no corresponden a lo determinado por la convención colectiva de la actividad, ni en la evasión de aportes y contribuciones de los trabajadores. Estas conductas, reñidas con las disposiciones de la ley, por falta de responsabilidad de la empresa contratante de la intermediación, o por lo que fuere, en cuanto a no exigir el cumplimiento preciso de la ley 24.013, norma que reglamenta esta modalidad abusiva de trabajo, podría atenuarse si existiera un control acabado por parte del Estado. Sin embargo y como esto tampoco se verifica, por falta de personal, medios o por la razón que fuera, la injusticia laboral se acentúa.
El compromiso social de las empresas y del Estado debería ir de la mano con la ética del crecimiento. Es decir, que el crecimiento sirva a todos los integrantes de la cadena productiva. Este compromiso requiere (si la preocupación es que el trabajador no siga perdiendo) el cumplimiento de la ley, a fin de preservar la dignidad del trabajo.
Sin un control estricto por parte del Estado, la brecha entre ricos y pobres está lejos de achicarse. Así las cosas, el Estado aparece solo promoviendo ganancias crecientes a quienes reciben ya las mayores ganancias, desentendiéndose del valor de la igualdad.
El salario ha quedado hasta el momento retrasado con relación al crecimiento de la economía, tampoco en esta nueva etapa se verifica la teoría del “derrame”. Esto estimula a una reflexión, ¿habrá voluntad política de volver a mirar a la sociedad desde un principio de equilibrio y armonía en esa relación de fuerzas que es el salario-empresa?. El problema del Estado ¿son las fallas burocráticas o la ausencia de separación entre los intereses del bien común y el de los empresarios ?.
Un dato que ayuda a ilustrar lo que ha ocurrido en la Argentina, es que antes del último golpe de Estado, las ganancias entre capital y trabajo se repartían casi por partes iguales, al final de ese proceso (1983), la represión, la destrucción de cualquier proceso organizativo y una política económica diseñada en beneficio de pocos, dejó al trabajador con una participación disminuida en por lo menos un 15 %.
No cabe duda que a la existencia de condiciones de trabajo y salariales desiguales, sólo la disminuye una buena política de Estado. Hay un trecho largo para recorrer, sin embargo no está demás recordar que, tanto en Concordia como en el país, está demostrado que la violencia y el delito se asocia a la desigualdad, principal generadora de pobreza en estos lares.
Es inocultable que cuando los contrastes sociales son muy profundos los escenarios violentos son moneda corriente, además de crear conciencia generalizada de frustración, desánimo de participación y anomia social.
