A partir de la decisión de Macron, la edad requerida para jubilarse pasará de 62 a 64 años en el 2030. Además, adelantará a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Esto fue posible a partir del uso del artículo 49.3 de la Constitución de Francia, que permite saltar al Congreso en determinadas ocasiones.
«No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones», consideró la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, para defender la decisión. La reforma buscaría paliar un posible déficit en la caja de las pensiones de Francia. También trascendió que Macron impulsó el decreto dado que «los riesgos financieros y económicos eran muy grandes» para perder la votación en Diputados.
Luego de meses de protesta, la imposición de la reforma recrudeció las manifestaciones en contra de la medida del gobierno, con epicentro en la Plaza de la Concordia, a metros de la Asamblea. Sindicatos franceses evalúan relanzar huelgas en sectores donde ya se han producido medidas de fuerza, como el de la energía y el transporte. Según sondeos oficiales, dos de cada tres franceses rechazan la modificación del sistema jubilatorio.
Los diputados opositores cuentan con una herramienta para impedir la aplicación de la reforma: la aprobación de una moción de censura contra el gobierno. El partido liderado por Marine Le Pen, principal rival de Macron en las elecciones del 2022, ya anunció que se apoyaría en este instrumento. Aunque los diputados independientes de LIOT acompañarían la moción de censura, otros espacios que no votaron a favor de la medida -como la agrupación Los Republicanos- se muestran reticentes a esta alternativa.
Aún es incierto si los legisladores de los partidos de la oposición lograrían el número necesario para impedir la reforma del sistema jubilatorio. Diputados referenciados con la izquierda preparan un recurso legal ante el Consejo Constitucional para retrasar la promulgación; mientras no descartan el reclamo de un referéndum para definir la medida.
