“Es una tranquilidad para mi y sobretodo para mi hija, que en aquel momento, con 16 años, la pasó muy mal”, dijo, aludiendo a la situación que le tocó vivir a la joven, que se interpuso entre su padre y el agresor. “Ella estuvo en todo momento. Y también intervino un vecino de apellido Fochesatto, que también terminó lastimado”, contó.
El funcionario reconoció que “ir a dar los testimonios (en el juicio) fue volver a vivir todo de nuevo. Hace dos miércoles atrás fuimos todos a declarar y la pasamos muy mal. En la declaración, mi hija se puso muy mal, tuvo un ataque de nervios, se largó a llorar. Pero gracias a Dios el fallo nos trajo un alivio.
“Me quedaron secuelas en la mano. Dos dedos no puedo mover y no puedo cerrar la mano (izquierda). Encima soy zurdo y me cuesta una enormidad todo”, narró, para agregar que “ahora se viene el juicio civil” contra la ART, que no le quiso reconocer el daño ya que consideraba que no se produjo en horario y lugar de trabajo. En este sentido, Pucheta aclaró que “la agresión no fue en el lugar especifico de trabajo pero si como consecuencia de mi trabajo”. “Pero además, mi ámbito de trabajo también son las inspecciones en todo del departamento Federación como parte del trabajo”, remarcó.
Asimismo, recordó que todo se inició como parte de una denuncia que vecinos de la zona de calles Urquiza y Guarumba habían radicado, donde mencionaban ruidos molestos casi todos los días. Policía y personal de Trabajo se apersonaron en el lugar, una precaria vivienda donde vivía un grupo numeroso de personas hacinadas, las que manifestaron ser trabajadores de Masetto. Ninguno tenia documentación laboral y algunos hasta ni personal. A partir de ahí lo citaron tres veces y “la ultima vez apareció diciendo que no iba a inscribir a nadie, que nos dejáramos que de joder, que me iba a matar. En ese momento no le hice caso, porque ese tipo de amenazas uno la recibe todos los dias prácticamente”. A los pocos días, el sujeto apareció por su casa.
“A mi realmente eso me jodio mucho. Si uno tiene un problema personal con otro, eso se arregla en otro lado, no con la familia, que no tiene nada que ver. Entonces me pareció que es como salto un muro que no tendría que haber saltado. A la familia no se la toca.”, resaltó. “A mi hija le quedaron secuelas psicológicas y tuvo que hacerse atender con psicólogo durante un año. Además estuvo casi cuatro meses sin salir durante los fines de semana. Imaginate eso en una chica de 16 años, que en esa edad les gusta salir. Tenia miedo hasta de salir a la esquina”, recordó. “A partir de ahora van a apelar la decisión al STJ, este deberá expedirse, aunque esto será dentro de un par de meses, porque ahora viene la feria judicial”.
Al mismo tiempo, Pucheta reflexionó acerca que “a partir de esto, los productores deben entender que nosotros, nuestros inspectores, somos trabajadores normales y hacemos una tarea que alguien tiene que hacer. Y tenemos que controlar que tengan sus cosas en regla y eso no da derecho a que me saques a trompadas o me amenaces. Y este fallo es ejemplar y creo que los productores lo deben tener en cuenta”. En este sentido, consultado sobre como se vienen desarrollando los controles habituales y como es el panorama en las zonas de producción en cuanto a regularización de los trabajadores, Pucheta recalcó que “el balance que hago de este año es que el solo hecho de que a un solo trabajador se lo ingrese al sistema, ya me doy por satisfecho”. “Lo que si, este año hemos tenido mucho trabajo, porque se duplicaron la cantidad de denuncias y reclamos con respecto al año pasado. Y los dos últimos meses del año la hemos peleado por el tema de los arandanos y el trabajo infantil”, subrayó.
Vale aclarar que en el Departamento Federacion, la situación de las “empresas de servicios” que contratan gente de otras provincias o países limítrofes para traerlos a trabajar a quintas cítricas principalmente, es un flagelo tan grave como recurrente, y que aun no ha sido controlado. No han sido pocas las ocasiones en que personal de diferentes lugares han sido encontrados trabajando en negro, con sus DNI retenidos por los “patrones” o directamente sin ningún tipo de documentación. Y en todas las circunstancias se los encontró viviendo en lugares con pobrísimas condiciones de habitabilidad.
