El juez federal de Dolores había citado a D’Alessio para el lunes último pero esa indagatoria se frustró cuando el Servicio Penitenciario Federal, que depende del ministro de Justicia, Germán Garavano, alegó que no podía trasladarlo por “falta de recursos”. La maniobra les permitió ganar cinco días: la declaración se realizó ayer por videoconferencia desde el penal de Ezeiza, donde está detenido con prisión preventiva como integrante de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y las extorsiones.
Consultado sobre su profesión u oficio, el falso abogado no mencionó esta vez a la DEA ni a la NSA ni a sus superiores en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI, a la que dijo reportar cuando presentó un hábeas corpus). “Consultor”, respondió. Después escuchó el extenso detalle de delitos y pruebas, y la pregunta sobre si declararía. “No, tal como me sugirió mi abogado, no voy a hacer declaración alguna”, fueron las únicas palabras del otrora verborrágico personaje que se paseaba por medios amigos como especialista en narcotráfico. A su lado estaba el abogado Claudio Antonio Fogar.
La imputación general de la ampliación de indagatoria (la primera fue el 17 y 18 de febrero, cuando también guardó silencio) es por integrar una “organización criminal” responsable de “actividades y operaciones de investigación criminal, inteligencia y espionaje ilegales sin tener facultades legales para ello ni ejercer funciones públicas por nombramiento de autoridad competente”, que hacía en paralelo a “investigaciones formales llevadas adelante en causas judiciales” por fiscales como Stornelli y jueces como Claudio Bonadío.
Ramos Padilla dejó constancia de que tanto la AFI de Gustavo Arribas como el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y “en el día de ayer (léase el jueves) la Embajada de los Estados Unidos, han informado que (D’Alessio) no posee ningún tipo de vínculo laboral con estos organismos”. La notificación de la respuesta de la embajada norteamericana, que la Cancillería argentina recibió el 26 de febrero, confirma que el gobierno de Cambiemos ocultó esa respuesta al juez durante quince días.
Hace dos semanas, al procesar a D’Alessio, Ramos Padilla describió los mecanismos usados por la banda de espías vinculados a magistrados y periodistas para extorsionar al empresario Pedro Etchebest, realizar una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, usar al arrepentido Leonardo Fariña y coaccionar a un ex funcionario de Pdvsa para que declare como arrepentido.
Entre las nuevas imputaciones, a las que accedió PáginaI12 figura el espionaje contra De Vido, Baratta, Moyano y D’Elía. Según surge de uno de los documentos de inteligencia obtenidos en el allanamiento a la mansión de D’Alessio, después de “avanzar sobre los dos ex funcionarios del Minplan (en referencia al Ministerio de Planificación) sobre tema GNL”, la banda estaba abocada a escribir un libro que publicaría la editorial Planeta en el que describiría maniobras relacionadas con la importación y distribución de gasoil realizadas por Enarsa. El libro sería el disparador para que quien lo firmara como autor y las fuentes citables declararan en la justicia y así se impulsara otra causa. “Para ello, se contaba con información obtenida a partir de estar infiltrado (D’Alessio) durante un año y medio entre los diferentes directores de Enarsa, con las declaraciones de ‘arrepentidos’ y con material informático de esta empresa”, le recordó el juez.
