La legisladora sostuvo que “una vez vencido el plazo de neutralización de los trabajos, establecido hasta el 31 de octubre venidero, CCI S.A. debería reanudar las tareas comprometidas en los respectivos pliegos de bases y condiciones”.
La legisladora argumentó que la demora en los pagos de las certificaciones emitidas y la ponderación que se efectúa sobre las partidas presupuestarias existentes en la Dirección de Vialidad Nacional (DVN), no justifica ningún circunstancial cambio de los plazos de obras previstos, ya que la empresa “en la licitación acreditó activos líquidos suficientes” que permitirían la intención o voluntad de continuar con los trabajos iniciados, aunque observó de la empresa todo lo contrario con el “despido de personal y retiro de equipos viales”.
Recordó además que en su momento se consideró la situación financiera declarada por la empresa contratista, lo que llevó a contemplar un compás de espera a la continuidad de los trabajos previstos, mediante la tramitación de una neutralización de plazos de obras hasta el 31 de octubre venidero.
“Una vez superada esta suspensión de tareas se debería recomenzar los trabajos específicos, caso contrario la DVN podría rescindir el contrato de obras y llamar nuevamente a una licitación”, teniendo en cuenta la premura del caso y la demanda de una vasta región, cuyos pobladores exigen la pronta ejecución de las obras complementarias.
Finalmente, Bar lamentó “llegar a esta instancia y mucho más disponer una situación límite como es rescindir un contrato, que fuera suscripto en Concordia por el propio presidente Kirchner”.
