Siguen los rechazos al intento del gobierno de no respetar el “derecho a huelga”

Que paradójico resulta, sigue diciendo “que en nuestra provincia estemos por reformar nuestra Constitución , para modernizarla y lograr mayor calidad institucional y al mismo tiempo desde el gobierno se desconoce un histórico principio constitucional.
En la época de Montiel se mandaba un patrullero a las escuelas para que traiga al Consejo General de Educación la lista de docente que habían adherido al paro”.
Hoy ponen a los directores en la horrible tarea de delatar a sus compañeros, pasando la lista de quienes adhirieron al paro al Consejo de Educación y si no cumplen, los descuentos recaen sobre los directivos.
El reclamo de los trabajadores de la educación no se limita solo a la actualización de sus salarios, sino a lograr condiciones dignas de trabajo, que la infraestructura escolar de nuestra provincia está muy lejos de garantizar, con lo cual tampoco se cumple con los preceptos constitucionales plasmados en el 14 bis y en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
El reclamo salarial, no es de los docentes entrerrianos , es de todos los trabajadores de país, que demandan una justa distribución del ingreso y la actualización de salarios que diariamente se devora la inflación.
No es negándola, ni tergiversando los números del INDEC , como la vamos a combatir, sino teniendo presente que la inflación es el más terrible impuesto que tienen que pagar los que menos tienen.
No es tomando medidas inconstitucionales y antipopulares como vamos a evitar sucesivos paros, ni sosteniendo que no hay presupuesto.
A la herramienta la tienen los gobernadores, si no se resignan a ser solo gerentes del poder central y aceptar mansamente que la nación nos robe y nos maneje nuestros recursos arbitrariamente.
Las soluciones van a llegar de la mano de la largamente postergada ley de coparticipación federal que permita que la recaudación se distribuya equitativamente.
Poco tiempo atrás el gobernador Busti insinuó un reclamo en este sentido, pero allí quedó. Si el gobierno de la provincia profundiza este debate, va a tener no solo el apoyo de las organizaciones gremiales, sino de los sectores productivos y políticos de otros signos.