Durante la jornada de hoy, los abogados defensores, Oscar Bacigaluppe de Ojeda, Rafael Briceño en representación de Duraez y Joaquín Garaycochea, defendiendo los intereses de Zárate, expusieron sus pruebas y fundamentos ante el Juez de Garantías, Mario Figueroa quien definirá el próximo lunes 5 de julio si la causa es remitida a juicio o no.
En las audiencias de elevación a juicio, lo que el juez evalúa es la existencia y la pertinencia de las pruebas recolectadas para llevar a una persona a juicio oral. Si considera apropiado el material recolectado y la calificación legal del mismo, se envía el caso a juicio. En caso contrario, se rechaza la solicitud y el fiscal debe seguir investigando. Aunque el objeto principal es evaluar si la prueba producida por la fiscalía es suficiente, puede suceder que la defensa de las personas imputadas pida el sobreseimiento o la falta de mérito para sus patrocinados si entienden que la prueba no es pertinente, que no hay más pruebas a producirse o si hay alguna ilegalidad en las mismas..
La muerte de la ciudadana uruguaya en una clínica clandestina de cirugía estética
En febrero de 2019, Iris Paulina Amaro Batista, una mujer uruguaya de 45 años, viajó a Concordia, junto con su marido, para realizarse una intervención estética. La descompensación que desencadenó la muerte de la mujer se produjo cuando la intervención (una lipoaspiración de papada) ya había concluido e Iris estaba por retirarse.
En la primera audiencia del viernes pasado. El fiscal Martín Núñez alegó que había imputado al médico y las dos enfermeras por homicidio culposo con dolo eventual, lo que quiere decir, según explicó el fiscal Nuñez, “cuando una persona sabe que lo que hace puede llevar a un resultado lesivo de bienes jurídicos ajenos, en este caso la vida y la salud de las personas, sabe que hay un riesgo importante, y aún así continúa con su accionar. No hay una voluntad directa de provocar la muerte, pero hay un conocimiento de que las circunstancias en que se realizaban las intervenciones quirúrgicas podían llevar a un resultado trágico. La complejidad de este caso no es que se trató sólo de una mala praxis, en el sentido de imprudencia, sino que había un conocimiento y aceptación de los posibles resultados negativos y, aún así, procedieron por un beneficio económico.”
