El conflicto que atraviesan los más de 100.000 jubilados del PAMI de la provincia de Entre Ríos ya lleva unos meses y hasta la fecha no se avizoran con claridad las soluciones. Esto ocurre mientras circulan por los medios una cantidad de anuncios y declaraciones de diversos funcionarios, tanto de la órbita provincial como nacional, y también de los dueños de clínicas y sanatorios del sector privado prestacional. Existen asimismo silencios especulativos, que están en pugna por diversos intereses centralmente económicos.
En medio de este escenario se perjudica siempre a los mismos, nuestros padres, abuelos o familiares mayores que han pasado a ser los vulnerables del sistema social entre otros también vulnerables. Qué injustas son estas situaciones para quienes deberían tener un conjunto estable de beneficios y condiciones que les permitieran atravesar dignamente la etapa final de la vida.
La andanada de anuncios, con muy poco sustento y viabilidad en la realidad, da cuenta de una irresponsabilidad e improvisación de los funcionarios que pasan. Las idas y vueltas, las desmentidas que se observan en estos días testimonian que no han abandonado las viejas prácticas de la mala política.
No es muy difícil comprobar el estado de saturación y, por momentos, de colapso que detenta el Sistema Público de Salud. Esto es coyuntural, pero directamente relacionado con una situación estructural de desmantelamiento que podemos remontar a los últimos 15 años de políticas neoliberales, donde tanto la Salud como la Educación fueron expuestas como “gastos” y contrapesos para promover un supuesto Estado “moderno y eficiente”. De esta manera, las mismas plantas de personal laboralmente precarizadas deben sostener la atención y asistencia de una abrumadora cantidad de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza e indigencia, a sectores medios empobrecidos y a los excluidos que no poseen nada o casi nada. Además, las instituciones públicas de salud tienen gran dificultad para sostener un flujo constante de insumos básicos para la atención y funcionamiento, en el marco de una infraestructura inadecuada para tanta demanda.
En este escenario deben transitar nuestros mayores quienes formando parte de la obra social más grande, y tras haber aportado toda su vida, reciben como contrapartida continuas deducciones de sus aportes.
Desde nuestra institución y desde las propias prácticas laborales de nuestro colectivo profesional “exigimos” una rápida solución del conflicto, que se brinde información fehaciente para ser trasmitida a nuestros mayores y que se sostengan los convenios en el mediano y largo plazo.
Instamos a otras organizaciones de la sociedad civil a instalar el tema y a que soliciten la resolución inmediata del conflicto. Así también, a los medios de comunicación a recorrer y observar cómo se dan en la realidad las prestaciones.
