La presentación judicial, realizada por Bahler con el patrocinio del abogado Guillermo Torrealday, se convierte en la primera acción que judicializa el polémico proceso de Privatización encarado por la gestión de Gustavo Bordet.
El amparo se presentó en los términos de la Ley Provincial 8379 de Procedimientos Constitucionales, y en el Objeto señala que “la premura del caso” que justifica la medida presentada “surge de la situación de riesgo concreto para la fuente de trabajo de los empleados y para salvaguardar a Sidecreer, en definitiva al Estado entrerriano”.
Asimismo, afirma que en todo el proceso previo al llamado a Licitación “se vulneraron los derechos a la información pública, a la igualdad, al trabajo”.
Bahler sostiene que “hay de por medio una empresa que tiene 100 mil entrerrianos como clientes y 50 mil resúmenes mensuales con códigos de descuento que hacen que se deban extremar los recaudos para una medida como la que se ha tomado”.
Expresa asimismo que “el día 23 de noviembre le envió una nota al presidente del Directorio de Sidecreer, Horacio Bechara, solicitándole los Pliegos (de la Licitación)”, y que Bechara “el 29 de noviembre le contestó que no contaba con esa información”.
Apenas unos días después, “el 12 de diciembre, sin avisos previos, se llama a Licitación”.
Bahler puso énfasis en que “una decisión de este tipo” se tomó por parte de los responsables de Sidecreer “con solo 8 días entre llamado y apertura de sobres”.
En efecto, de los Pliegos surge que los sobres se abrirán el día 20 de diciembre.
Por ese motivo, Bahler considera que “la búsqueda de inversores se ve limitada, tornándose como mínimo sospechosa”.
En otro punto de la presentación judicial, el legislador massista sostiene que “con este fallo y máxime existiendo el precedente” de la causa iniciada por el abogado Rubén Pagliotto, la Justicia “pueda echar a la luz un hecho verdaderamente grave que es el despilfarro de los fondos de Sidecreer y un dudoso llamado a licitación”.
La decisión de presentarse a la Justicia solicitando una medida de no innovar, tiene razón de ser en “el peligro en la demora”, porque “de avanzarse en el proceso se generarían derechos adquiridos para terceros, ocasionándose daños irreparables”.
