Orabona explicó que el lunes pasado se reunió con el personal de Sidecreer (la tarjeta tiene 45 empleados) para explicarles el contenido de una nota de un diario paranaense donde se explica la decisión del gobernador, en función de la situación financiera de la tarjeta. El personal tiene muchas dudas al respecto, admitió el funcionario. Pero es la única alternativa que encuentran sin transferir al personal.
Sidecreer esta desfinanciada por dos motivos. Por un lado, la parte social dado que la tarjeta financia unos $ 40 millones mensuales al estado provincial. “Una parte de esa financiación debería venir en forma anticipada mensualmente desde Desarrollo Social de la Nación. Esos fondos de Nación vienen demorados, vienen a los 60, 90 días. Por lo cual la provincia se encarga de cubrirlos y después los recupera para lo que hace a la financiación de tarjetas sociales y comedores”, indicó.
Además el otro uso que se le da a la tarjeta consiste en que los responsables de los comedores escolares puedan adquirir la mercadería para el funcionamiento de los mismos.
“Como el Estado no tiene una aceptación de fondos anticipada, los usuarios de las tarjetas sociales consumen su acreditación mensual”, mencionó. Las tarjetas sociales reemplazan los subsidios destinadas a las personas de bajos recursos. Hay beneficiarios de tarjetas sociales quienes perciben una suma mensual que se les acredita mensualmente y pueden concurrir a un comercio que esté habilitado por Sidecreer habilitado para adquirir un producto. “Con esto se transparentó la parte de subsidios”, dijo Orabona.
“Lo lógico sería que el Estado le transfiera en forma la afectación de fondos a Sidecreer en virtud de esas emisiones para poder cumplir frente a los comerciantes. Como eso no sucede y a veces se demora más, eso fue lo que fue produciendo el desfinanciamiento en lo que denomina Sidecreer que es la venta de cupones”, dijo.
“Sale al mercado a vender los cupones que son los créditos que tiene el Estado a las entidades financieras o en algunos casos a las mutuales que están vigentes y que tienen convenio”, dijo. Pero a tasas que en algunos casos llegaban al 42 % anual a seis meses.
“Normalmente la provincia se demora un poco más en restituirle al comerciante y eso se transformó en una cadena que hoy lo tiene a Sidecreer con financiamientos vencidos al 1° de noviembre por $ 40 millones y sin vencer por otros $ 30 millones”, acotó.
Sidecreer tiene 80.000 tarjetas para empleados públicos y 40.000 usuarios de esas tarjetas. Cada una tiene un código de descuento pero Orabona explicó que no son tarjetas de crédito dado que no tienen capacidad financiara. En consecuencia, el empleado compra y cuando se le acreditan los haberes se le descuenta el total lo que adquirió. Pero como hay un desfinanciamiento, Sidecreer no tiene los fondos para cubrir en término esas compras con los comercios habilitados.
Cuando asume el presidente del Sidecrer le pide una audiencia a Orabona dado que el Iapser y el Iafas son accionistas. El Iapser tiene el 67 % a raíz de un aporte de capitales de $ 10 millones que hizo en 2014 y que se ha diluido por el desfinanciamiento continuo. “Cuando me plan tea (Horacio) Bechara la necesidad de una financiación de unos $ 40 o 50 millones para normalizar y ver de qué manera se puede empezar a crecer”, indicó Orabona.
El titular del Iapser mencionó la existencia de un proyecto mediante el cual se prevé una capitalización mediante la cual, seis años más tarde, el inversor puede formar parte del capital de Sidecreer con el 49 %. Pero el gobernador Gustavo Bordet rechazó esa alternativa y le pidió comenzar a estudiar una alternativa diferente de capitalización donde no haya privatización ni cesión de capital ni transferencia de personal.
Una alternativa es un consorcio. “Es muy parecido al fideicomiso. Quien se presente a la licitación ofrece un aporte de dinero para generar una tarjeta nueva independiente a la actual. Establecemos como mínimo de participación de Sidecreer sin poner dinero de un 30 %”, dijo. El 70 % del capital queda para el socio inversor. Ese aporte servirá para una unidad nueva de negocios de Sidecreer en la cual van a estar interrelacionadas las dos instituciones: el banco inversor y la tarjeta.
¿Cuál es el monto que debería invertir el socio comercial de esa nueva unidad de negocios? Es variable y depende de las pretensiones que haya del negocio. “Pueden ser $ 150 millones, $ 200, $ 300 y hasta $ 400 o $ 450 en función de lo que uno le quiera dar para competir con las otras tarjetas, llámese Consumax, etc.”, especificó Orabona. Las ganancias se dividirán de la misma forma. Si bien podrá recapitalizar las utilidades, como mínimo deberá distribuir un 15 % de ganancias entre los socios.
Por otro lado, se tomó como ejemplo lo sucedido en el Casino de Victoria en las mesas de paño. “Como le daba pérdida al Iafas, decide retirar las mesas de paño. Pero el hotel advierte que eso podría perjudicarlos En consecuencia se decide concesionarlas a cambio de un canon que representa la masa salarial. La dependencia laboral sigue siendo del Iafas pero el canon cubre la masa salarial del personal de paño del hotel Victoria”, explicó.
Además, Orabona consideró que el inversor debe pagar los sueldos de los empleados de la tarjeta a través de un canon.
