El proyecto prevé la creación de una Comisión de Ética Pública, a la que cataloga como “órgano independiente y de integración plural”, que se encargará de ejercer el poder de policía de control y cumplimiento de la ley una vez sancionada.
Tendrá once miembros: uno del Ejecutivo, uno del Superior Tribunal de Justicia, dos senadores y dos diputados “respetando la representación proporcional de cada bloque legislativo” y cinco ciudadanos “externos al ámbito legislativo, uno de los cuales deberá ser propuesto por el Defensor del Pueblo”, organismo previsto en la Constitución provincial pero que aún no ha sido creado.
Establece cómo tienen que ser las declaraciones juradas e implanta el juicio de residencia, por el cual se investiga administrativamente a todos los funcionarios al concluir su mandato, según el texto enviado a DIARIOJUNIO por la secretaría de prensa del diputado José Miser.
El articulado deja sentados principios y definiciones para el accionar de los funcionarios: lealtad, eficiencia y austeridad republicana, probidad, responsabilidad, rectitud, justicia, idoneidad, imparcialidad, trato igualitario a las personas, buena fe y tolerancia.
La iniciativa radical ingresó en la última sesión y fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de Diputados, que preside el justicialista Eduardo Jourdán.
“Su aplicación alcanza a los magistrados del Poder Judicial, a los funcionarios el Poder Legislativo tanto como a los del Poder Ejecutivo”, especifica el proyecto presentado por los legisladores Jaime Benedetti, José María Miser, Marcelo López, Oscar Cardoso, José Artusi y Mirta Alderete.
