“El gobernador nos convocó a todos los integrantes del Consejo de Termas para tener información sobre cómo está evolucionando el informe de la presentación que hizo en su momento la Municipalidad de Paraná y entonces le transmitimos que, si bien se cumplimentaron los aspectos técnicos, apareció un nuevo integrante en la problemática termal de Paraná que es el componente social”, dijo el subsecretario de Turismo, Adrián Stur, quien agregó que “la ley nacional 25.675 expresamente obliga a la participación ciudadana y acá estamos hablando de un grupo de personas que habita en la zona donde se va a llevar adelante el emprendimiento y que son los que reciben en forma directa el impacto ambiental”.
Por su parte, el secretario de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, Gabriel Moguilner, afirmó que la mencionada ley nacional del año 2002 “es de presupuestos mínimos y deviene del artículo 41 de la Constitución nacional, siendo de cumplimiento obligatorio en todo el territorio argentino”.
“Los artículos 19, 20 y 21 de esa ley refieren a la participación ciudadana, más precisamente a que en los procesos de toma de decisión se le debe dar importancia a la participación social, como en el caso que se generó en Paraná y que no se había dado con los otros emprendimientos que fueron generalmente apoyados por sus comunidades”, afirmó.
A ello agregó que, “en este caso, las distintas vecinales y organizaciones no gubernamentales, también obedeciendo a otra ley de presupuesto mínimo nacional que es la de la libre información pública ambiental, están requiriendo mayor información por parte del municipio. Por lo tanto y tal como lo estipula un artículo, se deberán concretar audiencias públicas que no son vinculantes y permiten continuar con el proyecto, además de hacer aclaraciones a la comunidad y justificar perfectamente las decisiones. Creo que se deben cumplir esos pasos”.
Una vez más, Moguilner hizo hincapié en que el Gobierno provincial “no está en contra del desarrollo turístico ni sustentable de la ciudad sino a favor, pero queremos que sea consensuado”, y mencionó que las audiencias públicas deben ser convocadas por la Municipalidad que tiene a su cargo el proyecto.
Al hacer otra vez uso de la palabra, Stur resaltó que “cuando estábamos en la elaboración final del dictamen surgió la cuestión de la licencia social que debe tener el municipio para llevar adelante el emprendimiento, entonces el Consejo de Termas resolvió hacer un seguimiento para ver cómo evolucionaba esta problemática y, al ver que no hay un acuerdo con la comunidad que recibirá el impacto en forma directa, indudablemente tenemos que bregar, no solamente por el desarrollo normal del emprendimiento, sino también que estén dadas las garantías medioambientales y de desarrollo sustentable”.
Finalmente, Moguilner precisó que “el análisis concluyó, pero con recomendaciones referentes al tema del tratamiento del efluente en el caso de que éste alumbre”, aunque por el momento se trate sólo de la autorización para la perforación termal.
En la reunión participaron también el secretario de Obras y Servicios Públicos, Adán Bahl, y los directores de Hidráulica, Sergio Fontana, y de Minería, Jorge Tomás.
