LA DENUNCIA
Todo comenzó alrededor de 2001 cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a dos mujeres para que regularicen su situación ante el fisco, ya que registraban deudas como monotributistas. Tal situación inició una investigación que estableció, según la denuncia, que las mujeres, que jamás se habían inscripto a la AFIP, emitían factura al Estado provincial por un monto estimativo de 1.400 pesos. Ambas mujeres figuraban como contratos de servicio.
La ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (ex FIA) realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado de Instrucción de Héctor Villarodona. Recién en 2003 la investigación avanzó debido a que anteriormente Torres estaba protegida por los fueros. Entre la documental secuestrada están los recibos de sueldo que tienen las firmas de las agentes. Durante la instrucción se detectó que las rúbricas eran apócrifas. Se pudo determinar que serían alrededor de 18 meses el período que habría cobrado la acusada.
ORAL Y PUBLICO
Si bien el debate se debió realizar en 2009, problemas de salud en la procesada lo impidieron. Ahora estaría todo en condiciones para que se realice la audiencia. Sin embargo, anoche una fuente vinculada a la causa aseguró que “las condiciones de salud de Torres no son las adecuadas para afrontar un juicio”, y agregó: “Hay una propuesta para realizar un juicio abreviado, pero eso tiene que ser analizado por ella y su abogado (por Guillermo Mulet) ya que es un paso importante para cerrar la causa”.
Según la requisitoria de elevación a juicio, Torres está acusada de haber percibido en su beneficio los sueldos de dos empleadas contratadas de la Cámara baja. Estas personas no prestaron servicios y nunca cobraron el dinero. El caso fue denunciado en 2001, pero recién en 2003 se avanzó en la instrucción, debido a que Torres tenía fueros.
La Sala II de la Cámara del Crimen estará cargo del debate con un tribunal a conformar. En la parte acusatoria estará la fiscal Cecilia Goyeneche y el abogado Jorge Sueldo, quien representa a las dos empleadas.
Por su parte, la defensa de la acusada estará a cargo de Guillermo Mulet. Entre los testigos citados, está el actual fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, quien cuando se efectuó la denuncia en 2000 era diputado de la Alianza y presidente de ese cuerpo legislativo.
El Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión para el delito de Defraudación a la administración pública, por el que ahora será juzgada Torres.
