En el acumulado, de enero a abril, el municipio ha logrado un pequeño superávit dado que recaudó $ 437 millones y gastó $ 413 millones. O sea, hay $ 25 millones de diferencia a favor. Pero Sierra indicó que se trata de una situación de equilibrio más que de superávit. No obstante, dijo que en julio, luego de pagar en aguinaldo, podrían ingresar en una situación de déficit.
Si continúa la tendencia de caída de ventas de la tasa comercial o menor crecimiento de la recaudación en términos totales: “seguramente estaríamos en condiciones de tener un déficit en julio de $ 30 o $ 40 millones”, vaticinó Sierra. Técnicamente, definió un déficit de esa magnitud como de “equilibrio presupuestario”. “No es una situación preocupante”, indicó. Pero si el déficit sigue creciendo, puede transformarse en algo “significativo” cuando cierren el ejercicio. Cuando llegue julio, van a analizar los números y allí sabrán si es necesario rectificar el presupuesto a la baja o no.
“Obviamente que estamos tomando un montón de medidas y vamos a seguro tomando un montón de medidas para que la situación financiera no sea preocupante”, indicó. Además dijo que, en principio, no está en juego el pago de los salarios a los empleados municipales. “Siempre y cuando se mantenga la meta que fue cerrada y convenida con los gremios”, indicó.
Proyecto libre deuda funcionarios
Sierra aseguró que el proyecto que elevaron al Concejo era diferente al que se aprobó. El proyecto original establecía que ningún funcionario podía asumir con deudas con el fisco tanto nacional, provincial como municipal. “El intendente lo que quiso claramente es decir que no quería tener funcionarios que tengan deudas porque no puedo exigir a la ciudadanía que pague los tributos como está exigiendo el municipio y tener en mi gabinete funcionarios con deudas con el fisco. Es una cuestión de tratamiento igualitario de equidad tributaria”, dijo refiriéndose al espíritu de la iniciativa original.
Pero el proyecto sancionado en el Concejo tiene más relación con la Ley N° 1.027 dado que establece que no se puede ser funcionario una vez que ha sido ejecutado legalmente y tenga sentencia firme. A pesar de ello, Sierra dijo que era “un paso hacia adelante” dado que la ley original no establecía que funcionarios quedaban alcanzados por la misma. “Esta ordenanza que se aprobó lo que hace es seguir en la misma línea que ya establecía la ley N° 10.027 pero avanza en la reglamentación para que quede bien claro quiénes son alcanzados y que organismo se va a ocupar de esto porque al ley no decía nada quien se iba a ocupar de que esto se cumpliera o no”, mencionó.
El asesor dijo que ahora resta saber que piensa el intendente Enrique Cresto respecto de sí la promulga a la ordenanza o no reemplazándola con un decreto obligando a los funcionarios a estar al día.
Por otra parte, Sierra indicó que son respetuosos de la división de poderes. Por ello, invitaron a los concejales a que se adhieran a la norma manteniéndose al día en la obligación de cumplir con sus impuestos, No obstante, señaló que el problema no estriba allí dado que se trata de 13 personas mientras que los funcionarios dentro del Ejecutivo con cargo de director hacia arriba son muchos más y eso es lo que le preocupa al intendente.
