Durante nueve horas sesionó en Paraná la Coordinadora Regional por los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia, con la presencia de organismos de Entre Ríos (Paraná, Nogoyá y Gualeguaychú), Santa Fe (la capital provincial, Rosario y Reconquista), Corrientes (capital, Goya y Paso de los Libres), Chaco y Buenos Aires -desde Formosa se envió una adhesión-, en lo que fue el cuarto encuentro del grupo conformado hace algunos meses para tratar de reconstruir la lógica de la represión en el área de influencia del Segundo Cuerpo de Ejército y zonas aledañas, analizar el funcionamiento de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, el traslado de militantes sociales secuestrados por el terrorismo de Estado e investigar acerca de su destino final.
Pasadas las 10 comenzó el debate con más de 60 integrantes de distintos puntos del noreste argentino que plantearon las problemáticas que cada jurisdicción enfrenta al momento de encarar la tarea en la búsqueda de la verdad y la justicia para los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Todos los planteos tenían un denominador común: las dificultades que encontraban en la vía judicial, por la incapacidad de jueces y fiscales, o por su complicidad con la noche oscura de la dictadura.
En ese marco, rompió la dureza de las críticas, el emotivo relato de dirigentes de la recientemente formada Familiares de Desaparecidos de Nogoyá (Faden), que por primera vez participaron de un encuentro de este tipo. Con emoción, relataron las dificultades con que trabajan en escuelas y barrios de una localidad de apenas 35.000 habitantes en la que todavía subsiste el miedo y que por eso no termina de reaccionar y unirse en el reclamo de justicia por sus desaparecidos. Su testimonio y su lucha, arrancó los primeros aplausos, ya bordeando el caluroso mediodía paranaense.
Tras la distensión del almuerzo, la discusión giró hacia la preocupación con que toman la desaparición de Julio López, cuyo testimonio fuera fundamental para la condena por genocidio del represor Miguel Etchecolatz, y de quien no se tienen noticias desde hace un mes. A ello se suma el clima de amenazas que han sufrido familiares, querellantes, testigos, jueces, fiscales y abogados de todo el país.
Al respecto, Gabriela Barrios, dirigente de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) Regional Chaco, manifestó a ANALISIS DIGITAL que “vivimos una situación particular porque una vez que logramos implantar la justicia para las causas vinculadas a la represión, pasan estas cosas. Y lo vemos como una reacción de un grupo que se sintió tocado”. En tanto, Hilda Presman, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes, acotó que “la respuesta a esta cuestión intimidatoria y de amedrentamiento tiene que ser reforzar la lucha por la verdad y la justicia. Estas amenazas nos obligan a decir que queremos más juicios, a la profundización de las investigaciones, a avanzar en el juicio y castigo, para que no haya cuestiones de privilegio y que el Estado dé respuestas a estas cuestiones que tienen que ver con neutralizar a los aparatos que funcionan vinculados a la represión”.
Entrada la tarde, una comisión se abocó al trabajo que hace a la tarea de aportar datos a las diversas causas judiciales en trámite en los distintos juzgados federales de la región, a fin de unificar la metodología de trabajo de los organismos.
Tras el encuentro, los distintos organismos coincidieron en que “el balance es muy positivo. Los es desde la proyección por el desarrollo que ha tenido esta coordinadora a partir de su conformación. Hay un núcleo bastante homogéneo trabajando en la sistematización de información de compañeros desaparecidos y movimientos en la jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército. Y también estamos avanzando en la individualización del estado de las causas”, explicó Presman.
