Buscarán patrones de contactos en momentos clave del desarrollo de las decisiones administrativas contra Oil Combustibles, y en el transcurso de la causa penal contra los accionistas. También se solicitó todos los contactos “frecuentes” entre los interlocutores, lo que podría dar una idea de si se comunicaban antes o después de cada “novedad” en el caso. Servini planteó la necesidad de ubicar las celdas telefónicas de los llamados, algo que también puede arrojar luz respecto de la ubicación de los interlocutores. La medida tiene su antecedente respecto al mismo análisis que se hizo sobe Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los principales integrantes de la “mesa judicial” durante el gobierno de Cambiemos.
En el marco del expediente por asociación ilícita, la jueza dispuso ahora que para “avanzar en la investigación” se realice el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, el propio Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. Además, la titular del juzgado de Lomas de Zamora, en donde se tramita la causa por el espionaje ilegal durante el macrismo, la certificación de las pruebas sobre el espionaje penitenciario en Ezeiza contra el accionista de Indalo, Fabián De Sousa, querellante en la causa de Servini. “Deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”, señaló la magistrada en la orden cursada a la Dajudeco.
Servini consideró que debe ser exhaustiva la pesquisa respecto a la denuncia de De Sousa donde se sostuvo la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional –encabezado por el entonces Presidente Mauricio Macri – o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”. La hipótesis final es que empresarios ligados a Cambiemos iban a ser los beneficiarios de los activos.
En la causa hay un pedido de citación a declaración indagatoria contra el ex titular de AFIP Abad hecho por el fiscal del caso Guillermo Marijuán la semana pasada y sobre el cual la magistrada aún no resolvió fecha.
En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la “supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional”.
Servini mencionó como hechos relevantes sobre los cuales hacer el peritaje telefónico la denuncia de la exdiputada Elisa Carrió en la fiscalía federal 11 contra Oil Combustibles el 16 de marzo de 2016, un viaje de Macri a los Esteros del Iberá el 1 de septiembre de 2017, envíos de correos electrónicos, ingresos a la Casa Rosada, las detenciones de los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Sousa y la resolución de la Cámara Federal porteña que revocó sus prisiones preventivas el 16 de marzo de 2018, entre otras fechas clave a relevar. La magistrada solicitó “las titularidades de los interlocutores no comunes ni frecuentes que surjan a partir de los eventos indicados”.¿Podrían surgir números de abonados pertenecientes a funcionarios judiciales entre los llamados efectuados en ese lapso?
