Serían 25 los asambleístas denunciados por el Gobierno

Fuentes del caso revelaron a DyN que la denuncia oficial por delitos penales y civiles sería contra 25 integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que desde hace tres años y medio reclaman con el corte de ruta el cierre de la pastera Botnia.
Sin embargo, el hermetismo en los tribunales sobre el caso mientras la fiscal analizaba la denuncia se hizo extensivo a los pasillos de la Casa Rosada, en Buenos Aires, donde, llamativamente, evitaron dar a conocer el contenido de la querella.
Después de que en la sede del Gobierno nacional retacearan una respuesta concreta cuando recibieron la consulta de DyN sobre el texto de la denuncia, voceros de la administración Kirchner finalmente derivaron la responsabilidad al Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, encargado de realizar la presentación en el juzgado, quien hasta anoche no había difundido el material solicitado.
Según dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la denuncia se identificaba “con nombre y apellido” a “aquellos que con su conducta han permitida por acción o por omisión la comisión de delitos”, como “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito”.
Ayer, por lo pronto, Fernández ratificó que el corte de los asambleístas es un “capricho” y advirtió que la Justicia “va a tener que tomar cartas en el asunto”. Trascendió que en Concepción del Uruguay la fiscal Milagros Squivo analizaba los argumentos del Gobierno para impulsar la denuncia contra los asambleístas. Fuentes consultadas por DyN se negaron a dar precisiones respecto de los nombres de los asambleístas denunciados. No obstante, esta agencia pudo saber que serían 25 los acusados por la demanda oficial.
En tanto, los abogados de la Asamblea Ambiental trabajaban en las últimas horas para conseguir algunas precisiones.
En este marco, la fiscal Squivo había evitado pronunciarse sobre el eventual desalojo de la ruta y derivó la decisión en el juez subrogante Gustavo Pimentel, quien el martes último dictó el fallo que ordenaba al Gobierno garantizar la libre circulación en la autovía.