El 5 de julio de 2011 desde este mismo espacio, planteamos que no bastaba con el cierre de prostíbulos, que para combatir la explotación sexual y la trata de personas el Estado debía generar políticas de inclusión laboral tendientes a dar alternativa, a las mujeres que en la mayoría de los casos se prostituían por necesidad.
Ver nota:
http://www.diariojunio.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=45460
A un año y medio el panorama es el mismo, en lo que a inclusión laboral respecta.
Lo que ha cambiado, no obstante, es la situación de los prostíbulos, que ya no son cerrados por la vieja ley de profilaxis de los años 30, que no tenía ninguna contemplación sobre la salud ni los derechos de las meretrices, sino que ahora, es la ley provincial 10.186, la que determina el cierre de locales donde se promueva la explotación sexual de terceros, teniendo como argumente asistir a las víctimas de la explotación sexual y la trata de personas.
En concordia aún no se clausuran prostíbulos, Ver nota: http://www.diariojunio.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=53364
“Serás prostituta”
Revisando la diversa cantidad de programas que en Concordia administran las áreas de desarrollo social y Trabajo y producción, cuesta entender cómo a la fecha, no se han podido direccionar acciones concretas en pos de dar alternativa a las mujeres que no quieren seguir prostituyéndose para vivir.
Desde el más conocido Programa “Argentina Trabaja”, hasta el plan de inclusión laboral para jóvenes de entre 18 y 24 años, “Jóvenes por más y mejor trabajo”, pasando por una importante foja de alternativas para microemprendedores con créditos de hasta $24.000 para iniciar una empresa, o la adquisición por cuenta del Estado de máquinas para la industria textil, en modalidad de cooperativas, son considerables las soluciones que pudieron haberse ofrecido en este marco para incluir laboralmente a las víctimas de la explotación sexual.
Existen además capacitaciones por parte de CAFESG (que también tiene un área de género) para insertar laboralmente a trabajadoras.
Actualmente, hay una política nacional de generación de talleres textiles, en el marco de la necesidad de sustituir importaciones, que mediante Desarrollo Social de la Nación, subsidia cooperativas de trabajo preferentemente integrada por mujeres, para desarrollar la actividad, mientras se reducen los cupos de importación de este tipo de productos.
El programa Jóvenes por más y mejor trabajo, que abarca a chicos y chicas de entre 18 y 24 años, consiste en una beca de 400 pesos mensuales para cada joven, que le permita asistir a los cursos de oficios, o apoyo para terminar sus estudios, mientras se los prepara para encarar emprendimientos propios, inclusive con financiamiento para quienes deciden optar por esta alternativa de generar su propio emprendimiento. La otra opción, que es la más extendida, es incluir a los cursantes en el registro de la oficina de empleo.
Estos programas funcionan y son implementados por el Municipio, sin embargo, al igual que pasa con otros tantos derechos de los más excluidos, no hay un trabajo de campo, que haga llegar estas herramientas allí donde están los pobres, los excluidos, aquellos que siempre se quedan a fuera de estos programas por ignorancia. Y que normalmente se les llama “estructurales”
En esa franja, se ubican también, las meretrices: ¿Cómo van a imaginar que existen estos programas? ¿Cómo van a presumir que serán contempladas y que podrán hacer uso de estos derechos? Si ya han sido condenadas a ser Prostitutas, y la sociedad ha naturalizado ese mandato: “serás prostituta, no tendrás opción”
¿Qué pasa con los organismos municipales que no ven ahí, donde, un grupo de mujeres son alquiladas como mercancía, un sujeto de derecho que merece recibir este tipo de apoyo? ¿Será que el Estado, a través de sus funcionarios es también participe de esta visión arcaica que naturaliza la pobreza y la exclusión, entonces no ve la injusticia allí donde las mujeres son explotadas?
Seré prostituta
Les propongo ahora un ejercicio personal, para entender la gravedad del asunto.
Supongamos por un momento que somos una de esas mujeres que son explotadas por un proxeneta. Es decir, que somos ofrecidas como una mercancía, en alquiler para que alguien que tiene dinero nos utilice y luego podremos percibir solo un porcentaje de esa paga.
Supongamos además que desde hace años vemos cómo esta práctica no es penalizada, y los cafiolos se pasean campantes sin que nadie les diga nada, se hacen operativos policiales, nos toman los datos, nos piden exámenes sanitarios, y todo sigue funcionando de la misma manera. Lo único que busca la policía, es que no haya menores, y que no tengamos HIV, para no contagiar a los señores clientes. Se cierran los prostíbulos por un mes pero después vuelven a ser habilitados por el Municipio bajo el rubro de “bar y kiosco” y sigue el cafiolo haciéndose el agosto con nuestro cuerpo.
¿Acudiríamos a una oficina municipal a preguntar por programas laborales? ¿Iríamos a denunciar a la justicia o a la policía el delito de proxenetismo?
Solo para graficarlo, el año pasado la justicia federal condenó al dueño de uno de los prostíbulos que funcionan en Concordia, “Pito” Montiel, no fue condenado por proxenetismo, sino porque hallaron en su local “El desafío” a una menor privada de su libertad y es uno de los 20, nada más que 20 condenados por Trata de Personas en todo el país.
¿La justicia? – “Bien gracias”
La ecuación es simple, y además asquerosamente patriarcal. El delito de proxenetismo debe ser investigado y juzgado por la justicia ordinaria, mientras que la justicia Federal se encarga exclusivamente de los casos de Trata de Personas: es decir, el secuestro, traslado y venta de personas, ya sea con fines de explotación laboral o sexual.
El año pasado, cuando al calor de la discusión del cierre de los prostíbulos consulté al coordinador de la unidad Fiscal de Concordia José Costa, respecto de la ausencia de causas por delito de explotación sexual de terceros, contestó: “No, eso es Trata de personas es cosa de la justicia Federal”
Así que ni los funcionarios judiciales distinguen la diferencia entre el delito explotación sexual y el de trata de personas.
El fiscal Mario Guerrero, por su parte, fue un poco más preciso, dijo que era un delito muy difícil de probar porque las victimas nunca delatan a sus explotadores, y argumentan que ellas alquilan una habitación en ese local, pero que trabajan por cuenta propia, cosa que está permitida.
No obstante, como ya lo graficó DIARIOJUNIO, en las actas de clausura de los prostíbulos efectuada en 2011, se secuestraron libretas codificadas donde figuraban la cantidad de “pasadas” de cada una de las chicas, y se secuestraron además pulseras de colores correspondientes a un sistema de recuento de pasadas o copas. Pero no se inició causa alguna.
Tanto desde el funcionariado político, como desde el judicial, pese a que se combata con la ley provincial el funcionamiento de prostíbulos, lo cierto es que sigue contando con más derechos el explotador que las explotadas.
El explotador, está formalmente dentro del sistema, es monotributista, comerciante, reconocido por el Municipio, tiene la posibilidad de sacar créditos, obra social, y jubilación. Ninguno de esos derechos tiene las meretrices.
El Mandato
Y esto se debe ni más ni menos que al hecho de que ser prostituta está severamente condenado por la sociedad, mientras que se cafiolo no. ¿Es acaso ese mandato cultural, el que subyace detrás de cada inacción por parte del Estado para asistir a este sector de la sociedad? ¿Qué es lo que hace que sean ilegales las explotadas y no los explotadores? Sin duda, el debate llega ahora hasta el propio sistema capitalista; el proxeneta tiene el poder del dinero.
Mahoma el excluido y la Montaña de cemento
Mientras tanto, la prostituta estará condenada a ser prostituta, y se acostumbrará ello, o sufrirá toda su vida, de la misma manera que el pobre se acostumbrara a ser pobre, o sufrirá toda su vida, mientras las herramientas para ingresar al mercado laboral, e incluso para emprender una pequeña y mediana empresa están al alcance de la mano de los que estén informados y se animen a dirigirse a las oficinas municipales de calle Carriego y La Rioja.
Por si no se les prendió la lamparita, ahí va una ida: De lo que se trata es de usarlas para cambiar la realidad, de lo que se trata es de llevarlas allí donde hacen falta. Por ejemplo donde están los pibes que dejan la escuela para cosechar arándano, juntar basura en un carro, o prostituirse. Y si los oprimidos no van a la oficina…
Dice el viejo refrán que es la montaña la que debe ir hasta donde está Mahoma. Que para este caso es lo mínimo que se espera.
