Los organismos direccionaron sus críticas contra el Poder Judicial. A ellos apuntaron los reclamos en los carteles que reclamaban “sentencia ya”, “juicio y castigo” o “¿31 años no será mucho?”, en forma irónica por el tiempo que lleva tramitándose la causa. “Lamentablemente esta causa tuvo un procedimiento engorroso y oscurantista”, recordó la militante de derechos humanos.
La causa Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de lesa humanidad, se investigan secuestros y torturas contra 52 víctimas y cinco casos de desaparición forzada. Tras el desarchivo, en 2003, el expediente ha tenido un camino sinuoso. Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema zanjó a favor de los represores, al permitirles escoger el procedimiento bajo el cual serían juzgados. Por eso se tramita bajo el antiguo sistema de procedimientos que prevé actuaciones escritas y secretas. De hecho, los represores han realizado infinidad de maniobras y chicanas tendientes a embarrar la causa y demorar la definición.
Recusaciones y demás. Entre el 6 de octubre y el 28 de noviembre se celebraron 20 audiencias públicas en las cuales declararon 45 testigos –la mayoría sobrevivientes de la dictadura y familiares de víctimas de la represión ilegal–. Sin embargo, desde entonces no se han producido mayores novedades.
“Les exigimos a la Cámara Federal de Apelaciones y al Juzgado Federal que resuelvan las cuestiones procesales en los tiempos que deben hacerlo, y que no admitan más planteos dilatorios como los que venimos padeciendo desde hace varios años por parte de las defensas”, dijo a EL DIARIO el abogado querellante, Marcelo Boeykens.
La Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso, debe resolver una serie de planteos de las partes, principalmente recusaciones y cuestiones relativas a la impugnación de testigos que presentaron los represores Jorge Humberto Appiani, Cosme Demonte y Hugo Moyano. El juez Leandro Ríos remitió los legajos hace unos días al tribunal y el lunes el fiscal Ricardo Alvarez presentó un escrito instando a los camaristas a que se fijen fecha para las audiencias a la brevedad y que luego resuelven con urgencia.
Una vez resueltas estas cuestiones, el juez estará en condiciones de fijar fecha para los alegatos –no está determinado si se realizarán en audiencias orales y públicas o las partes los presentarán por escrito–; luego el magistrado debe realizar lo que se llama una audiencia de visu, es decir, entrevistarse personalmente con los imputados, como paso previo e ineludible al dictado de la sentencia.
Mientras tanto, los represores continúan detenidos. Esto es así porque el juez Ríos dispuso prorrogar por un año más de la prisión preventiva para todos ellos. De esta forma, el ex militar y abogado Appiani y el ex policía federal Demonte permanecen en la cárcel de Paraná; mientras que los ex militares José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost; y el médico Moyano se encuentran bajo arresto domiciliario. El ex policía provincial Carlos Horacio Zapata, que también estaba bajo arresto en su casa, falleció el 1 de enero.
Plan sistemático
A lo largo de las testimoniales en audiencias públicas, los sobrevivientes dejaron al descubierto el plan sistemático de represión y exterminio que llevaron a cabo las fuerzas armadas en la zona denominada Área Paraná, que comprendía la costa oeste de la provincia, principalmente la capital y Diamante. A partir del 24 de marzo de 1976, e incluso antes, disidentes políticos fueron privados de su libertad sin orden de detención; alojados en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin serles permitido higienizarse ni concurrir al baño más que una vez al día; y sometidos a interrogatorios en salvajes sesiones de torturas. Se hicieron simulacros de fuga y de enfrentamientos para enmascarar homicidios y desapariciones. También se realizaron parodias de juicios militares sin ningún tipo de garantías ni defensa efectiva y donde los jueces militares se valían de declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo amenazas, vejaciones y tormentos para dictar las condenas a los presos políticos. Así lo narraron ante el juez.
