"Es necesario el inmediato tratamiento y aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio, que es un instrumento jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita”, manifestaron Kisser y Lora. "Ya que se trata de una consecuencia jurídico-patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bines a que se refiere la ley”.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores provinciales aseguraron que la República Argentina no cuenta con una Ley de Extinción de Dominio, a pesar de ser signataria de múltiples tratados y convenciones internacionales que nos interpelan en tal sentido. “La ley será una herramienta que hace a la lucha contra la corrupción, asegurando el debido proceso, con mayor celeridad ante los organismos de Justicia, evitando los dispendios jurisdiccionales y la desvalorización y degradación de los bienes que fueran decomisados en este tipo de delitos”, afirmaron en el proyecto de comunicación publicado por Apf.
“La Procuración del Tesoro de la Nación, por iniciativa propia, de los fiscales o de cualquier persona u organización, funcionario u organismo público podrá impulsar la acción”, destacaron, al tiempo que manifestaron que “dentro del proceso se prevé la investigación preliminar a cargo del Ministerio Publico Fiscal con el objeto de garantizar la prueba necesaria y adoptar las medidas cautelares que permitan asegurar los fines del mismo”.
“El objetivo de esta ley es recuperar bienes obtenidos a través de la corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. El proyecto alcanza inmuebles, vehículos, aeronaves y dinero que provengan de un delito, o que hayan sido utilizados para cometerlo, y contempla tanto bienes ubicados en el país como en el extranjero”, explicaron luego y remarcaron que “la ley sería retrospectiva porque regula situaciones ocurridas aun antes de su vigencia, precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio, por provenir de actividades ilícitas”.
Finalemente, los legisladores afirmaron que la iniciativa “prevé que los bienes y recursos recuperados sean destinados a programas de transparencia y lucha contra la corrupción, a fortalecer instituciones con competencia en la prevención, la investigación y la persecución de delitos contra la administración pública e inversiones en infraestructura y equipamiento en educación, salud, seguridad, trabajo y vivienda, entre otros”.
