En rigor, los senadores de los tres departamentos del sur entrerriano quieren saber qué hizo el organismo ante las denuncias por la construcción irregular de terraplenes.
Con cada creciente, explicaron los legisladores en su pedido, la situación se repite y los campos lindantes quedan gravemente afectados. Por esa razón, se solicitó, a través de un pedido de informes que el Corufa detalle cuáles fueron sus intervenciones al respecto.
En la iniciativa, a través de seis puntos, los senadores quieren respuestas sobre el modo de proceder del Consejo frente a denuncias sobre irregularidades en el manejo de las fuentes de agua. Son obligaciones inherentes a la autoridad de aplicación de la Ley N° 9.172.
También indagan sobre las actuaciones del Consejo ante la reconstrucción del terraplén que afectó, en 2018 y 2019, a los establecimientos agropecuarios lindantes a La Calera, ubicado en el departamento de Islas del Ibicuy.
De la misma forma, inquieren sobre si se han realizado inspecciones técnicas en el lugar, por parte del Consejo, sobre la situación de la obra durante 2018 y 2019.
Y si se han recibido, durante el corriente año, informes, denuncias o notificaciones de cualquier acción que hayan derivado en un impacto ambiental relacionado con la Estancia La Calera.
De la misma forma, preguntan si se han autorizado obras hídricas en la costa del rio Gualeguay y sus arroyos tributarios, particularmente en el arroyo Viraguay, durante el año 2019.
Y, por último, si se han realizado o recibido estudios de impacto ambiental relacionados con obras hídricas en la costa del rio Gualeguay, sus arroyos tributarios en general y en el arroyo Viraguay en particular.
Morchio, Mattiauda y Olano fundamentaron la iniciativa legislativa a los problemas ocasionados en establecimientos agropecuarios por la construcción ilegal de un terraplén que se construyó irregularmente para proteger el predio La Calera, ubicado en el departamento de Islas del Ibicuy, lindante al departamento de Gualeguay.
Dicho establecimiento mantuvo una disputa que requirió la intervención del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, a fin de mediar entre los vecinos de la zona afectada por la crecida de los ríos.
