Los legisladores coincidieron en la presentación de un proyecto de comunicación que busca recabar información fidedigna sobre la posible instalación de una nueva industria de pasta de celulosa en la vecina República Oriental del Uruguay, haciéndose eco del reclamo social, frente a publicaciones periodísticas que han circulado por estas horas.
El proyecto de los senadores señala que “de acuerdo al texto del Tratado del Río Uruguay, y las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas en su fallo del año 2010, cualquier proyecto que potencialmente pueda afectar la calidad de las aguas del Río Uruguay debe presentarse ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para su evaluación”.
Mattiauda, Giano y Kisser indicaron además que a través de la CARU, “se evalúa si la obra puede causar perjuicio sensible a la otra parte y dictamina al respecto. Esta situación estuvo ausente en el procedimiento de la instalación de UPM, lo que motivó la sentencia fallando contra la República Oriental del Uruguay por haber violado el procedimiento del Tratado aplicable”.
Los parlamentarios locales quieren muñirse de información respecto si el proyecto de obra se ubicaría sobre la costa del Río Negro. “Siendo éste un afluente del Río Uruguay, podría causar afectaciones a la calidad de las aguas compartidas, y bajo el régimen del Tratado del Río Uruguay”, expresan en el proyecto, que asegura además como necesario – para preservar las relaciones amistosas y afianzarlas con nuestros vecinos orientales- “asegurar que Uruguay proceda en forma íntegra con las normas procedimentales previstas en el referido Tratado”.
