La violencia de género en el trabajo es amplísima y abarca desde la agresión física o verbal hasta la discriminación, maltrato, diferencia en remuneración por igual tarea, etc. "La intención de la iniciativa es, en principio evitar la violencia, pero en caso de que ocurra, reponer las cosas a su estado anterior o generar la culminación inmediata de los hechos”. En ese sentido, el senador afirmó que “el vacio legal” se da porque al no existir hoy un procedimiento laboral, suceden dos cosas:
Por un lado, “si la victima hace la denuncia civil los jueces no tienen injerencia para intervenir en relaciones laborales. Y si se hace en sede penal, se investiga el delito pero tampoco tienen competencia para interferir en el ámbito privado de trabajo”. Por el otro lado, tampoco hay nada que comprenda a la administración pública como municipalidad, hospital, escuela, etc. “Es otro régimen porque ahí no se aplica el código laboral, sino, la vía administrativa y sabemos que hay situaciones que requieren la urgente intervención judicial para evitar que ocurra el hecho violento o para impedir que continúe”, detalló.
Por ello, el legislador adelantó que el 14 de agosto volverán a reunirse con la comisión de Seguridad del Senado para continuar el análisis del proyecto y se sumarán también distintas instituciones y actores involucrados en la temática como operadores judiciales e integrantes del Coprev (Consejo de Prevención de las Violencias, también la Oficina de Género de la justicia, el Copnaf y las cámaras contenciosas administrativas, concluyó.