La única manera de seguir trabajando en las restituciones que faltan es obtener más muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas cuyos restos podrían estar en el EAAF. Por eso iniciaron una campaña para convocar a esos familiares –los que aun no fueron, los que no pudieron, no se animaron, no se decidieron, por tantos motivos y circunstancias– a dejar sus muestras. Hay un número telefónico, el 0800-3453-ADN (236). Donde el llamado solo implica información, respeto y privacidad para cada caso.
Somigliana y sus compañeros de equipo han trabajado en el Juicio a las Juntas, en casos resonantes como el de la identificación de los restos del Che Guevara o los 43 de Ayotzinapa, en Centroamérica, en Vietnam o en Timor Oriental, y también en la Argentina en Malvinas, la Amia o La Tablada, y en cantidad de casos en los que el Estado no cumple con la identificación de los cuerpos. Pero la tarea que le dio origen siendo el eje central de su trabajo, y para eso, el rastreo por datos genéticos es fundamental.
Si antes el cruzamiento de datos era más lento y específico –por las huellas dactilares, por la reconstrucción histórica, por el tipo de lesiones, por certezas previas–, a partir de la comparación masiva de ADN –que fue posible desde 2007 con el proyecto Iniciativa Latinoamericana– y la gran campaña de difusión que se hizo entonces, fue posible el ingreso de más de diez mil muestras de familiares, que permitieron sumar en estos años 780 nuevas identificaciones. Pero faltan más.
“Hay familias que no se enteraron, familias en las que no quedó ningún familiar directo, están también las desconfianzas lógicas en un tema que en los últimos años ha recibido tratamientos de todo tipo, y por supuesto todo el proceso que tienen que atravesar las familias antes de acercarse a dejar la muestra, que nunca es lineal”, advierte Somigliana para explicar el estado de situación. “Es como un peso que tenemos: sabemos que hay 600 personas que fueron víctimas, nos consta por las circunstancias históricas en que aparecieron, por los rastros en sus huesos. Y no están pudiendo ser identificadas. Están resguardadas, cuidadas como corresponde, pero no pueden recibir lo que les es propio, su identidad. Estamos en deuda con ellas y sus familias”, expresa el antropólogo a cargo de la Unidad de Investigación. Es una definición que puede extenderse a la sociedad toda.
Entre las muchas consecuencias al interior de las familias y a nivel social que conlleva cada restitución, está también la de la posibilidad de mover de otros casos: Si varios cuerpos fueron enterrados juntos –o “tirados”, como en el Pozo de Vargas de Tucumán, de donde se recuperaron restos que también guarda el equipo–, o en fosas comunes, cada restitución permite establecer hipótesis sobre otras más. Así fue, comenta Somigliana, el caso de Ángela Auad, una de las secuestradas en la Iglesia de la Santa Cruz, junto con las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce, y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Su identificación y la reconstrucción de su historia que incluyó el paso por la Esma y los vuelos de la muerte, permitió trabajar sobre las tumbas identificadas como NN y lograr otras identificaciones.
