Los efectivos detenidos “no son policías, sino delincuentes vestidos de policías”, volvió a declarar ayer el ministro de Seguridad de la provincia de Salta, Eduardo Sylvester. “Desde el gobierno de Salta no vamos a tolerar bajo ningún aspecto y en ninguna circunstancia, que integrantes de la fuerza policial cometan estos ilícitos”, agregó. Por ello, dijo, formuló “la denuncia y va a ser ésta la forma de actuación permanente, en cada uno de los casos donde se produzca este tipo de irregularidades”.
Fuentes policiales señalaron que los hechos denunciados tuvieron lugar en la comisaría 11 de General Güemes, una localidad ubicada a 50 kilómetros de la capital provincial, y que habrían sucedido entre septiembre y noviembre del año pasado. Hasta ayer, sin embargo, no se habían determinado las identidades de los damnificados, algo para lo cual las autoridades deben cotejar los registros del libro de guardia y detenidos en la dependencia.
Fuentes de la investigación explicaron que, de esa manera, también será posible saber si otros efectivos policiales estuvieron presentes en el lugar cuando fueron aplicados los tormentos. “No se van a tolerar inconductas en la institución”, aseguró el comisario general Marcelo Lami, jefe de la Policía salteña.
Lo sucedido “evidencia la impostergable necesidad de avanzar en reformas estructurales de los sistemas penitenciarios y policiales del país”, declaró el CELS en un comunicado a lo largo del cual reclamó la aprobación del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, que aguarda tratamiento en el Senado. El proyecto obtuvo sanción de la Cámara de Diputados en septiembre del año pasado y “se encuentra injustificadamente a la espera de su tratamiento en el Senado”, aseguró el organismo de derechos humanos.
Las prácticas de tortura, agregó el comunicado, “forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas de nuestro país”. Aprobar el mecanismo, en cuya elaboración participaron ONG, defensores públicos e integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, advirtió el organismo, permitirá “avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país”.
El mismo reclamo hizo el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y sociales (Inecip) que, además, expresó su “más enérgico repudio” por los hechos ocurridos en Salta. “La tortura en lugares de detención, lejos de ser un episodio aislado, no es más que la manifestación de un modelo de seguridad autoritario, violento, patriarcal, ineficiente y militarizado”, dice el organismo en un comunicado.
