El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Lisandro Béhéran y Martina Cedrés, inició de oficio la Investigación Penal Preparatoria (IPP), luego de que la Revista Análisis publicara el 27 de julio de 2017 una investigación periodística en la que se denunció al abogado. El legajo por el que se imputó a Rivas señaló finalmente doce hechos vinculados con la corrupción y prostitución de menores y abarca un espectro temporal por lo menos desde 1977 hasta 2011, de acuerdo a la última denuncia registrada en sede del Ministerio Público Fiscal.
En esas denuncias se da cuenta que Rivas ha promovido la corrupción y prostitución de menores de edad, a través de encuentros íntimos que se realizaban en su vivienda particular de calle Mitre, pero también hay relatos que ubican otros domicilios pertenecientes al imputado como la casona de calle Urquiza, una finca en Pueblo General Belgrano e incluso también el interior de una embarcación que Rivas tenía amarrada en la zona ribereña de Gualeguaychú.
Como todas las víctimas eran menores de edad –la gran mayoría entre 14 y 15 años, aunque también hubo otras de 17 años- y teniendo en cuenta que Rivas era adulto, ejercía la docencia y era de profesión abogado, está claro que el imputado se aprovechaba de la clara situación de asimetría o relación desigual de poder para someter a sus víctimas.
El Tribunal está integrado por Alicia Vivian (como presidenta lleva adelante la dirección del debate), y los vocales Arturo Exequiel Dumón y Mauricio Derudi; mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Lisandro Béhéran (en su carácter de coordinador general) y Martina Cedrés, quien llevó adelante la Investigación Penal Preparatoria (IPP); en tanto que la querella es ejercida por los abogados Alfredo Vitale y Estela Esnaola; a su vez la defensa de Rivas la ejerce el abogado Raúl Eduardo Jurado.
