La acción por daños y perjuicios fue presentada por Busti contra Rovira en diciembre de 2002, con el patrocinio de las doctoras Claudia Mizawak —hoy fiscal de Estado— y Nanci Vinagre. El ex fiscal le endilgaba a Busti el desvío de Aportes del Tesoro Nacional con destino al Programa Federal de la Militancia Social (Profemiso) y al Programa Nacional de la Juventud (Pronaju).
Entonces, el titular del Ejecutivo era senador nacional y reclamó un resarcimiento económico de $ 170.000. En caso de resultar favorable la sentencia, los fondos serán donados a Familiares para la Ayuda al Enfermo Hematooncológico de Entre Ríos (Faeher).
Ese planteo, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 5, a cargo de Roberto Croux, es el que ha dado más pasos en el proceso. Por estos días, el juzgado a cargo de Croux trabaja en la recolección de pruebas a fin de resolver el planteo del mandatario entrerriano.
“Se puede entrever el odio personal o enemistad que ha llevado al demandado a tomar esta actitud”, aseveran las abogadas. Además, añaden que no encontraron “ningún tipo de elemento objetivo que permitiera deducir la posible comisión de un delito”. Las letradas también apuntan a divulgación que hizo Rovira de las denuncias por medios de prensa de distribución masiva causando “daños ciertos y concretos sobre la honra de las personas”.
El reclamo se formula a fin de reparar el “daño moral” y el “daño psíquico”. En este sentido, se consigna que las denuncias de Rovira ocasionaron “graves y diversos daños en la psiquis” del acusado por lo que se ofrece una “prueba pericial psicológica” realizada por un profesional de la ciudad de Buenos Aires.
En la presentación, se solicita también que el ex fiscal sea condenado a “la difusión y publicación a su cargo de las partes pertinentes de la sentencia en dos medios gráficos locales”.
Rovira, en un fallo bochornoso, ya fue condenado por la Justicia entrerriana por el delito de abuso de autoridad reiterada.
