Eso mismo le transmitieron ayer los principales dirigentes del gremio a la secretaria de Justicia, Lucila Haidar, en ausencia del ministro de Gobierno, Adán Bahl, durante un breve encuentro que mantuvieron en medio del acto que se desarrolló en la explanada de la Casa Gris. Pero en el Gobierno descartaron ayer de plano esa posibilidad. El Ejecutivo se mantiene en su postura de presentar la oferta hecha en marzo último, que se pagó desdoblada, con un aumento global del 23,48 %. Así, al inicio del ciclo lectivo se elevó el mínimo de bolsillo a 1.740 pesos, cifra que a fin de este mes pasará a 1.840 pesos. Aunque los docentes dicen que ese aumento ya fue “licuado” por la inflación, y que sólo en lo que va de 2010 la pérdida del poder adquisitivo ronda el 50 %.
En realidad, el Ejecutivo se enfrentó al paro con dos batallas perdidas: primero, la Dirección de Trabajo, a pedido del Consejo General de Educación (CGE), dictó la conciliación obligatoria y conminó a los gremios a evitar la adopción de medidas de fuerza “que perturben la paz social”. La expresión sublevó a los docentes, que resolvieron no acatar la disposición: ayer, Agmer presentó en la Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra esa resolución de Trabajo.
Al Gobierno no le fue mejor en el terreo judicial. A primera hora del domingo, el presidente del Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Raúl Solanas, presentó “una medida autosatisfactiva” en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, a cargo de Juan Carlos Coglionesse, con la pretensión de que se intimara “a la Asociación Gremial del Magisterio y a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica a acatar conciliación obligatoria y suspender medida de fuerza”. Casi sobre la medianoche del domingo, el magistrado falló, y lo hizo en contra de la pretensión oficial. “Debo aclarar –dice el magistrado en su sentencia– (…) que el acto administrativo, Resolución 401/10 (que dictó la conciliación) de la Delegación Provincial de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, se encuentra vigente, y en su caso el incumplimiento del mismo acarreará las consecuencias que se determinen en el ámbito de la delegación del trabajo ya sea recurrir al Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social de la Nación, y/o ante los Órganos Jurisdiccionales que entienda correspondan a fin de resguardar sus derechos”.
Y respecto al “derecho constitucional de los niños, niñas y adolescentes” a recibir educación, añadió Coglionesse en su resolución, “se encuentran suficientemente resguardados mediante las leyes dictadas al efecto a fin de regular las relaciones laborales entre empleados y empleadores, (entiéndase en el presente Gremios y Estado Provincial), siendo que el dictado de una resolución que ordene el acatamiento de la conciliación obligatoria, nada agrega a la resolución dictada por la D.P.T., por el contrario devalúa el acto administrativo, prácticamente tornándolo inexistente, debiendo en consecuencia cada vez que se dicte una acto administrativo ser convalidado judicialmente para que se cumpla, lo que resulta absurdo”. Por lo tanto, no cabía ninguna acción judicial.
El revés judicial envalentonó a los maestros. Durante el acto que siguió a la concurrida marcha docente que concluyó frente a Casa de Gobierno, el titular Agmer –el otro sindicato que convocó a la huelga, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), no movilizó–, dijo que “hemos hecho prolijamente todos los pasos que ofrece la democracia: hemos solicitado permanentemente reuniones, habíamos declarado insuficiente la propuesta salarial de febrero, nos convocaron a dos comisiones para no resolver nada. Son astutos con la necesidad de la gente”.
Antes, Susana Cogno, vocal gremial del Consejo de Educación, sostuvo que “no nos vamos a resignar” ante los descuentos salariales que aplica el Gobierno, y sostuvo que la huelga es la “herramienta histórica de la clase trabajadora”. En ese orden de ideas, aseveró que el salario de los maestros es bajo, y por eso apeló a “la dignidad de la lucha, a pesar del apriete”. Por los altoparlantes, mientras, los organizadores resaltaban un dato que se escuchó varias veces: el nivel de adhesión durante el primero de los dos días de huelga, dijeron, fue ayer del 90 %. Pero el Gobierno se encargó de relativizar esa cifra. Oficialmente, se dijo que de acuerdo con la información “que toma como base el porcentaje de presentismo indicado por el personal directivo de las escuelas públicas entrerrianas, en cumplimiento de sus funciones de administración ordinarias, fueron 9.098 los docentes de escuelas primarias y secundarias que concurrieron a trabajar normalmente” durante la mañana. O sea, un 62 % de presentismo contra un ausentismo del 38 %. Al respecto, la presidenta del CGE, Graciela Bar, expresó que el paro “es imprudente e inoportuno”, porque el Gobierno entrerriano “en este mes está otorgando la segunda parte del aumento prometido a los docentes”.
Por cada día pierden $ 55
DURANTE LOS DOS DÍAS DE PARO que cumplirán esta semana los docentes en la provincia, perderán una suma aproximada a los 110 pesos, con un promedio de 55 pesos por día, según una evaluación hecha por dirigentes del sector. El ministro de Gobierno, Adán Bahl, ya había anunciado el jueves 22, durante la fracasada reunión en Casa de Gobierno con los sindicatos que agrupan a los maestros, que ésa sería la política oficial. “Se abonarán los días efectivamente trabajados», sostuvo Bahl.
El Gobierno dialoga si acatan la conciliación
El ministro de Gobierno, Adán Bahl, dijo que la posibilidad de una reunión con los sindicatos docentes para, eventualmente, analizar una oferta de aumento salarial, posibilidad remota, se daría sólo en el caso de que las entidades sindicales acaten la conciliación obligatoria dictada por la Dirección Provincial de Trabajo, el viernes último.
“No hay ningún inconveniente en sentarnos a dialogar, pero eso sólo puede darse sobre la base del cumplimiento de la ley. Ellos tendrían que acatar la conciliación, y volver a trabajar. Sólo así el miércoles nos podríamos sentar a dialogar”, dijo el ministro, en diálogo con El Diario. Ayer, en el Gobierno evaluaron los pasos a seguir, aunque de plano descartaron volver a plantear un recurso en la Justicia. Al respecto, la idea es ceñirse a lo que dispuso el juez Civil y Comercial Juan Carlos Coglionesse, que rechazó el planteo oficial pero a la vez estableció la vigencia de la resolución de la Dirección de Trabajo que dictó la conciliación obligatoria entre las partes. En su resolución, el magistrado sostuvo que esa medida “se encuentra vigente”, y su incumplimiento “acarreará las consecuencias que se determinen en el ámbito de la delegación del trabajo ya sea recurrir al Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social de la Nación, y/o ante los Órganos Jurisdiccionales que entienda”. Ese punto fue resaltado por el ministro Bahl al sostener que “el mismo juez sostiene en su fallo que la conciliación está vigente, y que por lo tanto debe ser acatada por los gremios. Nosotros lo que planteamos es que una negociación sólo puede darse sobre la base de que la ley sea acatada”.
–¿Cabe alguna otra acción de parte del Gobierno?
–No, ya hemos hecho todo. Incluso, el juez en su sentencia dice que está vigente la conciliación y es válida.
–¿Habrá descuento de los días de paro?
–Sí, por supuesto, el descuento se aplica. Pero como las liquidaciones de julio ya están hechas, será en los haberes de agosto.
El razonamiento en el Gobierno es que la conciliación está vigente, y por lo mismo Trabajo volverá a intimar hoy a los gremios a cumplirla, y además se abrirá un expediente ante el Ministerio de Trabajo de la Nación por incumplimiento por parte de Agmer y AMET a la Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales. “Esperemos que se apliquen las sanciones que quepan”, dijo una fuente consultada. Agotadas las instancias judiciales con respecto a los dos días de paro de esta semana, en el Gobierno analizan ahora qué paso se dará en caso de que el miércoles el congreso provincial de Agmer decida seguir con las medidas de fuerza en las escuelas. En ese caso, según la misma fuente, no se descarta plantear un recurso de amparo de modo de trabar la eventual realización de un paro a partir del jueves en la provincia.
