ANALISIS tuvo acceso a un informe interno donde se indica textualmente que de acuerdo a numerosos testimonios, «otra vez se empezó a relacionar con el juego ilegal al señor Hugo Berthet, actual senador provincial por el Departamento San Salvador. Los corredores que él tendría en la zona de arroyo Barú, serían los señores Silvio Bernardi y Pablo Segovia, teniendo otros levantadores en distintas localidades».
Una reciente investigación realizada por auditores del IAFAS, ordenada por el interventor del organismo, Carlos Blas García, determinó que uno de los principales banqueros del juego clandestino de Entre Ríos sería el actual senador provincial Hugo Berthet. El presidente del bloque de senadores justicialistas es conocido desde hace años por su afición al juego, y siempre existieron rumores acerca de su relación con el manejo del circuito ilegal de quiniela. Sin embargo, es la primera vez que un informe oficial lo vincula con el manejo de las apuestas clandestinas mientras detenta un cargo público. El dato tampoco es novedoso para la Policía, ya que la anterior gestión, comandada por el entonces comisario Julio Brassesco, había puesto su mirada sobre el particular accionar de Berthet. Pero, por alguna razón, el gobernador Sergio Montiel decidió truncar la investigación, al no autorizar que la denuncia se entablara en la Justicia. Según pudo comprobar ANALISIS, la zona de influencia en la que prosperan los negocios del senador se encuentra en plena expansión, contando para eso con una creciente cantidad de corredores que levantan apuestas en Colón, Arroyo Barú y Villa Elisa.
De acuerdo a ciertas proyecciones que maneja extraoficialmente el IAFAS, cada corredor o levantador de apuestas le quita al mercado legal unos 100 pesos por día. Un cálculo conservador arroja por lo tanto que en algunos departamentos como Colón, en los que se concentran más de 50 corredores, a las arcas del Estado dejan de ingresar unos 120.000 pesos mensuales. Casi 1,5 millón de pesos por año, y en un solo departamento
Si la obtención de un cargo representativo significa la inmediata legitimidad de la actuación irregular de un dirigente, todo lo que pueda decirse respecto de los manejos del senador provincial Hugo Berthet (PJ-San Salvador) carece de relevancia. Si los votos obtenidos en una elección suponen un indulto para los pecadillos cometidos con anterioridad al comicio y un pasaporte para continuar burlando la ley, los indicios que señalan a Berthet como uno de los principales financistas del juego clandestino en la costa del río Uruguay, correrán la misma suerte que han corrido todas las denuncias que hasta ahora han involucrado a la mayoría de los políticos de la provincia: el archivo ineludible de las investigaciones.
Esa es la lógica que parece guiar el comportamiento del presidente del bloque de senadores justicialistas, amparado además en la coraza de impunidad que le otorga ser una de las máximas figuras de uno de los tres poderes del Estado. Un privilegiado sitial que le permite no sólo negociar con el oficialismo, habida cuenta de su filiación al alasinismo, sino también con algunos hombres de la Justicia, por ser quien digita el destino de las ternas de los candidatos a funcionarios y jueces que remite el Consejo de la Magistratura, vía el Ejecutivo, a la Comisión de Acuerdos del Senado, que él controla con buena muñeca y sin perder su enigmática sonrisa de jugador de póquer.
Sobre esta cuestión, el senador provincial por Colón, Mariano López (PJ) dijo que “desconocía sobre la denuncia”, pero en una actitud desconcertante, criticó al semanario por que muchas veces publicó denuncias que no se confirmaron o no llegaron a la justicia. A esto agregó que “el juego clandestino no es un delito, sino una contravención” y se excusó por que los legisladores provinciales “no tenemos el poder para darles forma de delito, lo debe hacer el congreso nacional”. Al respecto agregó que “hay un proyecto de Scioli” en la legislatura nacional.
Por último se lamentó de “un hecho casi cultural y que la gente no repara en lo que perjudica, ya que es dinero que no va a Acción Social”.
