Moix, Galindo y Armanazqui se presentaron en el Ejecutivo para que se procediera con la auditoría administrativa, legal, técnica y financiera para “determinar la existencia si hay algún tipo de irregularidades”. “Lo que quiero dejar en claro que el pedido fue realizado por los jueces de faltas”, resaltó.
El martes pasado, mediante una resolución, el Ejecutivo comenzó la tarea y por ello el Juzgado estuvo cerrado al público desde ese día. “Se trabajo en forma interna y con el tiempo iremos a conocer los resultados”, indicó el juez.
En un panfleto sin firmas se hacían una serie de imputaciones respecto de presunta venta de expedientes y liberación de motos en forma clandestina. “Las informaciones eran muy vagas, se decía que en el Juzgado pasaban tales cosas. La mejor forma de determinarlo es con la auditoría”, mencionó.
“El cúmulo de trabajo es tan importante que creímos que era necesario para transparentar toda esta situación que se lo haga mediante una auditoría externa”, señaló. La resolución establece que la misma se debe llevar a cabo en cinco días y se pueden prorrogar, pero Moix estimó que el lunes próximo estarán funcionando en forma normal.
¿Es lo más apropiado que sea el propio Ejecutivo el que realice una auditoría o debería ser una entidad externa al municipio? Moix entendió que, más allá de que pertenezcan al Ejecutivo, son personas “ajenas” al Juzgado y “tienen la idoneidad necesaria y suficiente como para llevarla a cabo”.
En cuanto al resultado de la auditoria y su divulgación, el juez señaló que el Ejecutivo les debe correr traslado para que emitan opinión. “Después ya quedará a criterio del Ejecutivo dar a publicidad o no”, indicó. De todas formas, estimó que, de encontrarse irregularidades, se deberán sustanciar sumarios que deben publicados en el boletín oficial.
