“Somos un gobierno de buena fe, y por sobre todo nos interesa garantizar el derecho a la educación. Reconocemos que los incrementos salariales no son los que quisiéramos para nuestros docentes, pero es el máximo esfuerzo que podemos hacer para no generar un desorden financiero que nos impida pagar los sueldos en tiempo y forma como lo venimos haciendo hasta ahora”, destacó el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Gustavo Labriola.
Luego del anuncio que la dirigencia de Agmer diera a conocer a través de la prensa, funcionarios del Consejo General de Educación y del Ministerio de Economía mantuvieron un encuentro con sus equipos de trabajo para definir los pasos a seguir.
“Ratificamos nuestro absoluto respeto al derecho a huelga como lo hemos hecho siempre, pero en el medio de una negociación salarial paritaria sus miembros deben respetar la reglamentación que tanto ha defendido el gremio, y sin embargo no lo han hecho”, expresó la presidenta del CGE, Marta Landó.
“Ante los sucesivos rechazos a las propuestas salariales y la realización de medidas de fuerza que ponen en peligro el derecho a aprender, y el incumplimiento de los términos paritarios vamos a pedir las sanciones que correspondan a los dirigentes gremiales y a solicitar al Poder Judicial la conciliación obligatoria para que se abstengan de realizar nuevas medidas de fuerza y se convoque a una audiencia de conciliación”, dijo.
“Se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa en un escenario económico muy complejo producto de decisiones que escapan a este gobierno provincial”, señaló Labriola.
“La modalidad se repite en cuanto a que al rechazo de una propuesta salarial siempre se le agrega una medida de fuerza, pero en esta oportunidad fue en el marco de una negociación paritaria en la que se deben respetar reglas que los dirigentes gremiales conocen”, explicó.
Desde el gobierno entendemos que “nuestro derecho de negociar de buena fe, se ha visto vulnerado y entendemos que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto”, puntualizó.
