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Seguidores de Rossi, inhabilitado por la justicia por enriquecimiento ilícito, piden aclaración

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Lo que sí existe es un dictamen del fiscal de Cámara, Oscar Dosbá, con una opinión adversa al pedido de Rossi. Dosbá siguió así un lineamiento que ha impuesto en referencia al caso que involucra al ex vicegobernador la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que preside Jorge García.
La noticia, como era de esperar, generó una lógica repercusión en la defensa legal de Rossi, que lleva adelante el abogado Carlos Reggiardo, quien ayer se comunicó con la Redacción para hacer notar el dato. “Lo que nos han informado es que no va a haber dictamen de la Sala hasta después de la feria de julio. Lo único que existe hasta ahora es la opinión del fiscal”, señaló.
La Sala 2ª debe expedirse en torno a un pedido formulado por Rossi para que se lo rehabilite para ejercer cargos públicos, bajo el argumento que cumplió y con buena conducta con la mitad del plazo de inhabilitación que se le aplicó como pena.
Una resolución de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná de junio de 2006 lo halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito, por la que se lo había condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta por ocho años y multa de 90 mil pesos.
Rossi había acompañado a Jorge Busti como vicegobernador en la primera gestión de aquel, entre 1989 y 1991. La Justicia lo halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó a tres años de prisión en suspenso, y hacer trabajos comunitarios en Santa Elena, su ciudad natal, y donde fue intendente.
Ante el mismo tribunal que lo condenó, Rossi se presentó el viernes 18 de diciembre con un escrito, para que se analice la posibilidad de que se lo exima de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Su abogado dio como razones el hecho de que Rossi “ha mantenido durante el plazo de la condena una buena conducta. Y para eso se menciona jurisprudencia al respecto, y casos de levantamiento de la inhabilitación impuesta por la Justicia”.
Reggiardo considera que en un plazo que no puede exceder un mes la Cámara podría estar resolviendo el pedido.

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