TUCUMAN : PRESOS Y DELITOS…
El juez de feria de San Miguel de Tucumán, Víctor Rougés, dictó la prisión preventiva de ocho policías imputados por sedición y otros delitos cometidos durante las protestas de las fuerzas de seguridad que provocaron saqueos y hechos de violencia en la capital provincial entre el 9 y el 11 de diciembre pasado (En Concordia los hechos ocurrieron el 8 y 9 de diciembre).
Los acusados fueron trasladados a la unidad 6 del penal de Villa Urquiza. Todos ellos están acusados de «alzamiento en armas contra el poder público provincial» para conseguir que el gobierno acepte sus reclamos.
CORDOBA : RENUNCIAS
El pasado 9 de diciembre, presentó su renuncia al cargo la ministra de Seguridad de Córdoba, Alejandra Monteoliva,, en tanto que fue removido también el jefe de la Policía provincial, César Almada, tras el autoacuartelamiento policial, que derivó en saqueos en esa capital.
ENTRE RIOS : AMENAZAS DE AMBOS LADOS… LA JUSTICIA
Desde que el gobierno anunció que no reconocerá el acuerdo firmado bajo presión, comenzaron a sucederse las amenazas de ambos lados. El 12 de diciembre el fiscal Fabio Zabaleta confirmó que, “siguiendo las disposiciones del Procurador General de la Provincia, en los próximos días se citará a declarar a los jefes policiales que resistieron el acuartelamiento y fueron agredidos por los insubordinados. El jefe departamental Lucio Villalba y el delegado de Derechos Humanos Rubén Bonelli serán los primeros en ser citados para identificar a los autores e instigadores; “el delito es por motín y sedición” artículos 230, inciso 2” del código penal, por violación del artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina”. Se llegó a fines de diciembre y no pasó absolutamente nada, ni Villalba ni Bonelli fueron citados judicialmente a pesar que anunciaron tal cosa.
El pasado 2 de enero el Procurador Jorge García volvió a la carga con amenazas, espetó, «ni bien salgamos de la feria judicial se hará la denuncia penal. Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial. El encuadramiento normativo de los funcionarios policiales está en el delito de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados y, además, la instigación a robos calificados”. Como se observa los delitos son de tal gravedad que no se entiende cómo esperar el final de feria para tomar medidas, mientras el peligro acecha.
ABOGADO POLICIAL
Marcos Rodríguez Allende informó que se presentará como querellante en representación, entre otros, del jefe de la Departamental Concordia, Lucio Villalba, quien supuestamente denunciará a los sediciosos por “agresiones físicas y amenazas”.
El letrado consideró que fue muy importante la actuación del Procurador General de la provincia, Jorge García. En ese sentido sostuvo: “Coincidimos absolutamente con la posición del Procurador General. De ninguna manera se puede permitir que un grupo de personas que ostentan el monopolio de la fuerza pública hayan ingresado violentamente en una jefatura departamental, desconociendo totalmente las jerarquías que le son propias a la institución policial”. Además, Rodríguez Allende destacó que “no sólo que desconocieron a sus superiores, sino que incurrieron en gravísimos actos de violencia contra los oficiales que estaba de guardia esa noche”.
http://www.elonce.com/secciones/politicas/347829-el-jefe-de-la-polica-de-concordia-querellar-a-los-uniformados-que-protestaron.htm
Aunque parezca un chiste, Villalba no sabía nada de esa denuncia y ya es la segunda vez que lo invocan falsamente desde la justicia y la fuerza policial.
LOS SEDICIOSOS
En tanto, los policías sediciosos vienen anunciado supuestas reuniones en distintos departamentos de la provincia ; en Concordia habían anunciado levantar una carpa en la plaza principal (algo que nunca ocurrió) ; luego adelantaron que iban a ser “una fuerte movida el viernes” que tampoco se hizo y también que iban a abandonar las tareas y que podían saquear el hipermercado. La última es que van a cortar la Autovía 14. Puras amenazas nunca concretadas pero que, en vista de lo ocurrido el 8 y el 9 pusieron en vilo a la población.
LA SOCIEDAD SIGUE SIENDO GARANTE DE SI MISMA
El aislamiento social de los policías sediciosos se fue ahondando a pesar de algunas intentonas. Actores sociales interesados en profundizar el conflicto, incluido un sector de la iglesia (el Opus Dei), alentaron y dejaron correr la idea que los sediciosos contaban con un importante apoyo social. El repudio de la sociedad fue tan generalizado que esos mismos actores debieron salir a desdecirse y negar cualquier apoyo a los policías insurrectos.
Pese a que el aislamiento de esos policías es cada vez más evidente, las amenazas continúan y nadie sabe bien qué es lo que pasa o pasará. Urribarri se lava las manos, pone todo en manos de la justicia y asegura que es “un puñadito chiquito de funcionarios policiales de Concordia siguen todavía manifestándose”. Tales dichos contradicen a los sediciosos que, según el abogado mediador al que nombraron, Cesar Bonato, hacen reuniones en toda la provincia y cortarán la ruta justo cuando haya recambio vacacional.
Mientras tanto nadie se explica bien cual es la razón del comportamiento de Urribarri con los sediciosos, con el jefe de policía (que no ejerce ninguna jefatura) Héctor Massuh y con el ministro que supuestamente dirige a policías que siguen amenazantes.
Por lo pronto, Urribarri prefirió la excusa a las definiciones categóricas y le dijo hoy a DIARIOJUNIO “Si yo me pongo a dar precisiones sobre lo que vamos a hacer en estos días… no es de un gobernador estar emitiendo juicios todos los días para exacerbar aún más estas cuestiones que están por allí todavía tensas”.
Está claro que nadie quiere más tensiones, al contrario, pero el reclamo social sigue siendo claro respecto de las penalidades, es increíble que un delito como la sedición no haya sido penado aún y que quienes están acusados de tamaño crimen siguen teniendo las armas y los cargos conferidos por el Estado.
