La Cámara de Casación atiende las causas de los tribunales de toda la provincia. “Para que se entienda bien, la Casación es una apelación a la que tienen derecho todos los condenados luego de recibir la sentencia”, indicó.
Por ende, la prioridad la tienen las personas condenadas que están encarceladas. “No tienen sentencia firme pero están en prisión”, dejó en claro. Y si bien recibieron penas de prisión efectivas, los policías están en libertad. “Por eso creo que la prioridad se da en otras causas”, dijo Giorgio.
Además indicó que la causa es muy compleja. Se trata de tres meses de audiencias con más de 100 testigos que desfilaron cuando el promedio de jornadas de juicio oral en una causa es de tres o cuatros días y 10, 15 o 20 testigos. De la misma forma, señaló que se trata de cinco abogados que plantearon distintas apelaciones a las que se suman las de la fiscalía.
El 8 de julio pasado, el tribunal presidido por Jorge Barbagelata e integrado por Silvina Gallo y Darío Perroud condenaron a José María Biderbost, Carlos Daniel Zaragoza y Manuel Leandro Coutinho a la pena de 4 años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de 9 años y accesorias legales. En tanto a Juan Manuel Rosas, Daniel Eduardo Chávez, Diego Federico Differding, Luis Alberto Gómez, Juan Pedro Lacuadra y Alfredo Horacio Imaz a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Otros en tanto recibieron penas de 3 años y 6 meses.
“He hablado con los distintos abogados y apuntamos a distintos aspectos cada uno hace que se tenga que revisar toda la sentencia. Inclusive también está disconformándose la otra parte, la fiscalía”, señaló.
Hubo diferentes planteos de nulidades. Por ejemplo, quienes pidieron la nulidad porque entienden que el debate no se debería haber realizado. Y hay otros planteos respecto de la pena en el sentido de que fue excesiva. Lo contrario fue lo que planteó la Fiscalía, entendiendo que la sentencia fue muy baja.