En el marco de la causa por sedición y otros delitos a 17 policías por el acuartelamiento policial de los días 8 y 9 de diciembre de 2013, luego de alegar por varias horas, el abogado defensor Alejandro Giorgio sostuvo que no hubo toma de la Jefatura Departamental. También e refirió al análisis que realizó el fiscal Mario Guerrero. De acuerdo a determinadas personas que Guerrero mencionó en el día de ayer, Giorgio dijo “está trayendo partícipes que no están”, aclarando que deberían haber más personas imputadas en la causa. Cuestionó a la fiscalía por no imputarlo a Barneche ya que este estuvo en el ingreso, en todas las fotos.
Hizo referencia a la toma de la Jefatura, la incomunicación y la ruptura de la cadena de mandos y aseguró: “entiendo que han sido mal interpretadas”. Giorgio aclaró además: “esta toma no se dio, hubo una ocupación parcial y temporal de la Jefatura”, argumentando que ingresaron terceros como periodistas, políticos, religiosos, funcionarios de otras jurisdicciones, civiles, familiares, etc. Seguidamente indicó que los policías le prohibieron la entrada a los comerciantes porque estaban armados, “lo dijo Gastaldi (periodista), que uno de los comerciantes disparó”, manifestó Giorgio, “no se puede hablar seriamente de toma de la Jefatura”. Posteriormente, presentó a las partes un PowerPoint en el que exponía un trabajo sobre premisas falas y la ineptitud de los funcionarios, allí argumentó porque el sostenía que no hubo toma.
Manifestó que 17 personas no pueden tener el control, y agregó, “y le quieren adjudicar todos los hechos a estas 17 personas, es absurdo”. Alzó la voz y nuevamente dijo que no es correcto adjudicar “el resultado de lo que pasó en Concordia a 17 personas y que encima se pretende pena prisión efectiva”.
Se refirió a los saqueos que se generaron en la ciudad e indicó que los saqueos que se habían registrado en “Las Palmeritas” es mentira. “¿Coincide lo que se imputa con lo que pasó en Concordia? Es un problema de la fiscalía, no de la defensa; acá hay que resolver lo que pasó en Concordia”, dijo Giorgio.
Continuando su análisis, Giorgio dijo: “el Tribunal, por más que se vea seducido, pido cordura”, y solicitó “se abstengan de resolver lo que se imputa”. Además calificó a los imputados como “diecisiete perejiles, sin armas” y luego explicó lo que se entiende por sedición: “es actividad grupal relativamente organizada que implique irrupción violenta”, leyó Giorgio con el objetivo de cuestionar el término que escogió la fiscalía para caratular la causa. Respecto al uso de armas que interpretó la fiscal Cecilia Goyeneche, Giorgio dijo que ninguno de los testigos aseguró que ha habido armas.
Giorgio dijo que la fiscalía da por cierto que el imputado Carlos Daniel Zaragoza le pegó a Silva, y explicó que esa agresión “fue en defensa propia”. “La gravedad de la pena no condice con los derechos”, aclaró. Al finalizar, Giorgio planteó que no hay culpabilidad, tampoco están probadas las lesiones leves.
A su turno, Juan José Buktenica inició su análisis puntualizado que se intenta condenar a estas personas por alzarse en armas y lograr un aumento salarial. Señalo que: "no estamos ante personas comunes, son policías y la ley les exige portar armas, y desde allí debemos analizar su conducta de los días 8 y 9, y analizar si pueden ser acusados de sedición, de alzarse en armas, ya que estamos hablando de policías que tienen la obligación de portar armas".
En relación a la supuesta organización de los imputados, recordó que en los celulares peritados no hubo ningún mensaje (ni anterior ni posterior) que prevea alguna organización con vistas a la toma de la jefatura.
Dijo que el día 8, un grupo de funcionarios policiales de franco con sus familias se movilizaron espontáneamente pidiendo mejoras laborales. Luego de esto llegaron a firmar un acta con mejoras salariales, y posteriormente se los señala como sediciosos y terminan en un penal.
Aseguró que en el delito de sedición se debe probar cada elemento para ver si se da esa tipología. En relación a la pena señalo que la fiscalía quiere aplicar la analogía con la extorsión para justificarla, pero hay un sinnúmero de aspectos particulares de cada imputado para analizar al momento de plantear una pena.
Puntualizó que los imputados intentaron conseguir una mejora salarial movilizándose con su familia, entregando un petitorio, pero no alzándose en armas ni sublevándose; y esto está muy lejos del delito de sedición. Apuntó que el principio de inocencia es un manto que protege a los imputados, remarcando que ellos concurrieron al lugar de trabajo a pedir mejoras salariales.
Destacó que el derecho a la protesta es un derecho legítimo, no se necesita permiso, y "si este derecho nos falta estamos en riesgo". Culminó pidiendo el sobreseimiento de sus defendidos de los delitos que se les acusa.
Culminando la jornada hizo uso de la palabra el defensor Cesar Adrián Bonato señalando que no existe un mínimo elemento para fundamentar que existe una previa organización, y no bastan las investigaciones realizadas por la fiscalía para comprobar la intención de los imputados.
Dijo que desde la defensa siempre se sostuvo que la Jefatura no estuvo tomada, solo estuvieron en situación de espera al reclamo salarial que habían realizado. Repaso las declaraciones testimoniales que señalaron que la intención de todo fue la mejora salarial y que no se vieron armas, solo la portaban los uniformados. Habló del convencimiento de que los imputados ejercían su derecho a un reclamo salarial, reclamos que venían realizando desde dos o tres años atrás. Finalizó adhiriendo al pedido de los demás defensores solicitando la absolución de los imputados.
El Tribunal programó una nueva audiencia para el día martes 30 de junio, a las 15 hs., con el fin de continuar con los alegatos de los abogados defensores.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones está integrado por Jorge Alberto Barbagelata Xavier (presidente del Tribunal), Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud. La defensa estaba integrada por Juan José Bukténica, Gonzalo Cantallops, Alejandro Giorgio, Edelmiro Díaz Vélez, César Bonato y Oscar Bacigalupe. Por su parte, la fiscalía estaba compuesta por Mariana Elías, Cecilia Goyeneche y José Costa. La audiencia se desarrolló con la presencia de la totalidad de los imputados.
