Esta mañana, Guerrero estableció al comienzo de su alegato que se probó en el juicio que el 8 de diciembre los efectivos policiales Carlos Zaragoza, José María Biderbost, Luis Carlino, Leandro Coutinho, Ricardo Paredes, Andrés Paredes, Maximiliano Paredes, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Diego Differding, Luis Gómez, Romeo Valdez, Daniel Chavez, Juan Pedro Lacuadra, Mario Imaz, Juan Manuel Rosas y Carlos Rosas se alzaron públicamente en armas para extorsionar al gobierno para arrancarle una mejora salarial. Para ello, tomaron la Jefatura policial, golpearon al Jefe de Policía Lucio Villalba, al jefe de Logística Ariel Silva, sacaron el aparato de DVR que filmaba la Jefatura, dejaron incomunicada a la Jefatura cortando los teléfonos instigando a cometer los saqueos en la ciudad.
El fiscal explicó que fue muy difícil individualizar a los responsables de la toma de la Jefatura debido a que se trató de un grupo muy grande de personas las que actuó la noche del 8. No obstante, Guerrero dividió el hecho delictivo en tres estructuras. Por un lado, la presión sobre el gobierno. Por el otro, el caos en la ciudad. Y por último la toma de la Jefatura. Y a ésta última la subdividió en cuatro pilares.
El primer pilar, el ingreso a la Jefatura. Guerrero señaló varias veces que mucha gente fue motivada realmente por el reclamo salarial y no tenían otras intenciones. Pero hubo quienes fueron con el fin de tomar la Jefatura. Para ello, tomó como prueba los videos donde se pueden ver a la mayoría de los imputados. No obstante, el fiscal admitió que hubo más efectivos involucrados y no descartó que en el futuro se abra una nueva causa debido a que los delitos no prescribieron. Pero resaltó que en este juicio no se debe analizar quienes no están en el banquillo sino la responsabilidad de quienes si lo están.
Por ello, comienza con el ingreso abrupto a la Jefatura de Policía. Como resultado de la misma se puede ver en los videos a Villalba y Silva lastimados. Y añadió la privación de la libertad del Jefe de Policía, quien fue encerrado en su despacho pero no por 24 horas sino hasta que llegó el Subjefe de Policía de Provincia, Juan Ramón Rosatelli.
Luego comienza a citar a los testigos que durante dos meses desfilaron por la Sala Penal. Por ejemplo, al jefe de turno esa noche, Humberto Salvador, quien vio a algunos “cabecillas” como lacuadra, Gómez, Zaragoza, Carlino, Biderbost, etc. También citó a Guillermo Ocampo, Jefe de Investigaciones, quien relató como Zaragoza lo golpeó a Silva. Otro efectivo presente que atestiguo, Daniel Guillermo Cazón, dijo que sintió “miedo” cuando sucedieron los hechos. Para Guerrero, no es normal que policías como los mencionados con años de calle y varios enfrentamientos con delincuentes sientan temor.
También citó el testimonio de Mirko Paysee, otro efectivo, quien relató que vio como lo llevaban a Villalba escaleras arriba y abajo propinándole golpes por lo bajo, impactos que fueron corroborados por el forense judicial.
Para Guerrero, la estrategia de la defensa consistente en que Silva arrojó gases a quienes venían adelante en la marcha ingresando a la Jefatura no resiste el menor análisis porque, en ese caso, al único que le acertó fue a Villalba dijo con ironía. Y que otra estratagema que se cayó por su propio peso fue señalar que el subjefe Nelson Vega había cotado a una mujer en el brazo. Vega no estaba en el momento en la Jefatura cuando ingresaron los manifestantes.
El segundo pilar de la toma del edificio policial fue cuando fueron hasta el Comando Radioeléctrico a cortar las comunicaciones. El fiscal dijo que ya se recibían llamados de la zona noroeste debido a que los saqueos eran incipientes. Cuando llegan Vega y el jefe de Operaciones, Fabián Hormaechea, encuentran un teléfono descolgado. Al volver se encuentran en el patio nuevamente con varios de los imputados quienes lo agraden, lo arrean nuevamente al Comando y lo echan a la calle junto a Hormaechea. Guerrero fue claro en ese punto: quienes están sentados en el banquillo fueron reconocidos por varios testigos en muchos de los hechos más importantes.
Además citó el informe de Telecom que da cuenta que el último llamado que ingresó al 421-6666 fue a las 21:17 y al 101 a las 21:27. A partir de allí se cortaron las comunicaciones totalmente. Además dijo que hubo quienes llamaron desde el Comando a las patrullas para traerlas a la Jefatura e inmovilizarlas, con la excusa de que había uniformados heridos.
El tercer pilar de la toma fue el corte de la radio policial 221. A pesar de que los funcionarios de turno trancaron la puerta, debieron destrabarla ante los golpes que propinaban. Luego de abrirla ingresaron Biderbost, Coutinho, Carlino a Imaz uniformado y armado. Respecto de Imaz, recordó el testimonio del jefe de policía de Los Charrúas, quien debió mentir que su esposa estaba descompuesta debido a que el imputado no dejaba que el patrullero de esa localidad se vaya de la Jefatura,
El cuarto pilar fue el sostenimiento de la toma. Guerrrero citó la nota publicada por DIARIOJUNIO a las 22:11 que da cuenta de una nota realizada a Biderbost quien cuenta al periodista en al puerta de la Jefatura que el Comando y el 221 habían sido tomados. Luego menciona el testimonio de los hermanos Bertoldi, ambos comerciantes, quienes acuden a la Jefatura para intentar habla con Villalba. Pero no pueden entrar. Se encuentran en la puerta con varios de los imputados quienes les arrojan una cubierta y los insultan. Para Guerrero, eso demuestra que a la Jefatura no entraba cualquiera, tal como quisieron dejar asentado los defensores.
Antes de ello, se ve en un video a Coutinho explicando que la toma se había efectuado luego de varios petitorios entregados sin respuesta. Para Guerrero, el argumento de Coutinho era “hice cinco notas, no me contestan, te tomo la Jefatura”.
Además Guerrero dijo que el clima en el interior distaba mucho de ser de tranquilidad. Había una evidente tensión en el aire. Y esa se evidenciaba cuando ingresaron el subjefe Rosatelli o el ministro de Gobierno Adán Bahl. Si bien a Rosatelli todos lo querían porque los había ayudado, dijo que es ilógico que el subjefe de la provincia deba buscar un contacto para que le permitan ingresar a la Jefatura. Y a Bahl directamente lo hacían callar cuando quiso transmitir una propuesta salarial y lo insultaron.
También mencionó que dentro de la Jefatura transmitían por radio dos personas Mónica Saavedra y Valdez. Para el fiscal, se les había permitido emitir lo que sucedía en la Jefatura como una forma de instigar a los saqueos.
Luego dijo que quienes acudieron a negociar son los mismos que aparecen en escena anteriormente como Zaragoza, Coutinho y Chavez. A ellos se agrega Juan Manuel Rosas. Para Guerrero es secundario si estuvo o no en el momento del ingreso violento sino que su papel se evidencia en el momento de las negociaciones.
Continuando con el análisis que se desarrolló esta mañana, esta tarde continuó los alegatos por parte de la fiscalía la cual estaba compuesta por Cecilia Goyeneche, Mariana Elías, José Costa y Mario Guerrero. Respecto a la causa que se investiga a los 18 policías por sedición agravada, instigación pública a cometer delitos y privación de la libertad, Goyeneche destacó que el hecho parece que fuera una circunstancia casual. Seguidamente hizo mención de algunos titulares de otro medio nacional en el cual informaba sobre las protestas policiales que se desarrollaban en todo el país (al menos en 8 provincias), por lo que a los imputados, los colocan en una situación de pleno conocimiento de las consecuencias que estaban provocando; “ninguno de los policías podría sostener de una manera razonable que desconocía a los hechos que se iban a desencadenar. Hay razones para sostener que esto era un hecho premeditado, sería ingenuo pensar que todo esto se generó por una situación descuidada del jefe departamental que arrojó gas o que tomo al chico del redoblante, no es propio de un reglamento judicial”, argumentó la fiscal.
Explicó el término escogido por la fiscalía para titular la causa: ‘sedición’, ya que durante el debate siempre se lo cuestionó. “Sedición hace referencia al alzamiento o levantamiento armado” y expresó además que en la noche de diciembre de 2013, “todas la oficinas (de la Jefatura Departamental de Concordia), dejaron de cumplir sus funciones” y que siempre se buscó “mantener el nivel de tensión de disputa por el poder político para obtener la petición que se pretendía”. Posteriormente, en su análisis indicó que “este alzamiento armado que produjo la policía de Concordia, se dio porque tenían en su poder armas, porque usaban estas armas portándolas de manera ostentosa. No era parte de un reclamo salarial ingenuo, inocente”, explicando el art. 235 del Código Penal, que menciona sobre uso u ostentación de las armas, “el uso se vale de armas, uso es portarlas, mostrarlas, tenerlas, usarlas. Nadie podía acercarse porque los policías tomaban posiciones”.
Otra de las observaciones que surgió a raíz del debate donde se investiga a estos 18 policías por el alzamiento de 2013, Goyeneche dijo “aquellos que nos deben cuidar o dar seguridad, utilizan el arma del estado para generar la sublevación”. Se refirió a algunas declaraciones en las que aseguraban que nadie les indicó (a los imputados), que salgan a las calles de la ciudad a trabajar: “¿Para qué podemos entender por qué se presentaron estas personas (los funcionarios) en el lugar? ¿Para poner en riesgo su vida? Obviamente que se presentaron para pedirles que salgan a trabajar”, dijo. Siguiendo esta línea continuó: “no solamente se produjeron las peticiones de que vuelvan a trabajar, que fueron múltiples, y si no lo hubieran hecho no incide sobre la tipicidad consumada sobre la sedición de la que estamos hablando”.
Otro hecho que puntualizó la fiscal y que cometieron los imputados fue la privación ilegítima de libertad que padeció Lucio Villalba. Quien fuera el Jefe de Departamental en diciembre de 2013, fue privado de sus funciones y fue sometido a la voluntad de quienes estaban tomando la Jefatura, en este caso los sediciosos. Explicó que varios de los imputados estuvieron presentes en el ingreso a la Jefatura y que otros habrían llegado horas después pero que esto, “no modifica la responsabilidad de los autores”.
Luego continuó con las escalas penales que va a solicitar la fiscalía, “en la extorción se prevé una pena mínima de 5 años, un mínimo razonable en la escala de los hechos que vamos a acusar”. “Dividimos a los imputados en tres grupos, hemos tenido en cuenta los roles, roles principales y accesorios”, dijo Goyeneche. “Hay un grupo identificado que llevaba la voz cantante, que convocaba a los demás”, y entre ellos están Leandro Coutinho, Luis Gómez, Juan Manuel Rosas, Diego Differding, José María Biderbost, Juan Pedro Lacuadra, Daniel Chávez, Alfredo Imaz. Sobre la responsabilidad de cada uno de ellos, autores materiales responsables sobre los hechos de sedición agravada, instigación pública a cometer delitos y privación de la libertad solicitan 6 años y 6 meses de prisión, además de no ejercer cargos públicos.
Seguidamente la fiscal señaló el grupo que mantuvo siempre la protesta, el hecho de sedición y que realizaron acciones propias, individuales, pero aportes que no tuvieron significación como los primeros mencionados, es decir, “aportes que no fueron estrictamente de liderazgo”. Ellos son: Hugo Troncoso, Romeo Valdez, Ricardo Paredes, Luis Alberto Paredes, Orlando Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Alcides Rosas y Luis Roberto Carlino, “que se los condene a la pena de 5 años de prisión, autores materiales responsables sobre los hechos de sedición agravada, instigación pública a cometer delitos y privación de la libertad, además de no ejercer cargos públicos.
Respecto al imputado Carlos Daniel Zaragoza, Goyeneche señaló que “le vamos a imputar un hecho adicional por los golpes de puño acreditados por testimoniales de personas y pruebas fílmicas cuando increpaba al sub jefe de Policía de la provincia Juan Ramón Rosatelli”. Cabe destacar que Zaragoza era el único que, durante los hechos, tenía un rol de mando respecto a los otros oficiales. “No solo tenía una especial posición para la sociedad al igual que el resto de los imputados sino para la fas interna dentro de la fuerza policial”, dijo Goyeneche. Es por eso que, se lo debe condenar como autor de delito de sedición agravada, instigación pública a cometer delitos, privación de la libertad y lesiones leves a la pena de 7 años de prisión.
Para el imputado Esteban Eliseo Sendra, “pedimos que se lo absuelva”. “Entendemos que tiene participación, pero el día 9, cuya presencia él lo ratificó”.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones está integrado por Jorge Alberto Barbagelata Xavier (presidente del Tribunal), Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud. La defensa está integrada por Juan José Bukténica, Gonzalo Cantallops, Alejandro Giorgio, Edelmiro Díaz Vélez, César Bonato y Oscar Bacigalupe. Por su parte, la fiscalía está compuesta por Mario Guerrero, Mariana Elías, Cecilia Goyeneche y José Costa.
