“Hay que buscar los nuevos integrantes de la Sala. A su vez, tienen que darnos vista a nosotros para ver si ninguno de los imputados tiene algún inconveniente para recusarlo porque capaz alguno es pariente”, dijo Giorgio.
Giorgio explicó que los votos de los jueces Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio dieron sustento a un fallo que ordenó reenviar las actuaciones para que se vuelva a integrar un nuevo tribunal que, a su vez, solamente case los recursos de los defensores penales.
“El fundamento era que, como la Casación había aumentado las penas dándole al fiscal una legitimación que no tiene, le dijeron que estaba mal concedida. No puede interponer un recurso en esta ocasión. Solamente lo pudieron haber interpuesto los defensores y estuvieron mal resueltos”, indicó.
Más adelante, el defensor oficial indicó que el recurso que interpuso apunta a anular la sentencia de primera instancia porque entiende que no hubo delito de sedición. “Queremos anular porque está todo mal hecho para nosotros, respetuosamente hablando, para volver a hacer un debate pero bien hecho”, indicó.
“Diecisiete imputados nunca pudieron haber cometido sedición. Pudieron haber cometido otros delitos como desobediencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero nunca sedición porque 17 personas nunca pudieron haber tomado las nueve comisarías y los 100 móviles policiales o haber impedido que 900 funcionarios salgan a patrullar”, indicó.
“Si hay un delito, que imputen a 100 personas y defendemos a 100 personas, pero no puede ser que 17 tipos que, no dispararon un solo tiro, hayan paralizado a toda la ciudad cuando estaban sentados en la Jefatura”, indicó Giorgio.
Además, cuestionó que se haya seleccionado como testigos a los demás policías, alrededor de un centenar, que estuvieron en la Jefatura los días 8 y 9 de diciembre de 2013 dado que no pueden ser imputados posteriormente por esos mismos hechos.
Por ultimo dijo que no hay riesgos de que prescriban los delitos teniendo en cuenta de que, en diciembre próximo, se van a cumplir cinco años desde que sucedieron los hechos. “Nadie tiene en cuenta eso”, señaló.
