La última jornada que se desarrolló en el marco de la causa por sedición y otros delitos a 18 policías por el acuartelamiento policial de los días 8 y 9 de diciembre de 2013, concluyó con los alegatos de los abogados defensores Juan José Bukténica y César Adrián Bonato.
En la audiencia de hoy, y media hora después de lo pactado, Gonzalo Cantallops fue el primero en tomar la palabra. En su exposición dijo que durante el debate, “se dijo que el gobierno estuvo presionado y es mentira; estuvo presionado desde el 6 de diciembre y no en febrero o marzo de 2014”. Hizo referencia a una de las expresiones del fiscal Mario Guerrero en su alegato: ‘si la toma de la Jefatura fuera una reacción a una acción que lo prueben’.
Al respecto, Cantallops aseguró que “el ingreso a Jefatura fue una reacción a una acción, eso está probado con el testimonio de Valdés (periodista). Es un testigo de cargo, que lo trajo la propia fiscalía” y explicó que “el periodista manifestó que en esa ocasión, en el ingreso a la Jefatura, estaba parado y ve cuando el comisario Villalba tomo a un chico del cuello e indica que hubo un forcejeo con una mujer de remera verde. Está probado con prueba objetiva: el video”.
Por otra parte, recordó lo que el ministro de gobierno Adán Bahl, declaró en el debate sobre el acta acuerdo, “él sabía que no era válida”, agregó Cantallops. “Dijo además que desde el 6 de diciembre estaba cordado el aumento, y el aumento no se acuerda.
El gobierno tenía un grave problema, tenía que aumentar, pero no podía. Sabía y tenía la intención de la suma de los sueldos de los policías, pero no podía”, indicó Cantallops. Si aumentaban los sueldos a los funcionarios policiales, iban a realizarse reclamos de otros sectores. En referencia al gobierno, Cantallops dijo “necesitaban intervención del sector empresario, de la iglesia y además complementarlos porque no se sabía que iba a pasar.
El problema latente eran los otros gremios”. Por otro lado indicó que “el acta acuerdo fue lo que le permitió al gobernador (Urribarri) la gobernabilidad; tuvieron que generar una situación para sentirse acorralados”. Cantallops adhirió además que el acta acuerdo, sirvió para descomprimir la situación salarial en el sector policial desde el mes de diciembre hasta marzo”.
En cuanto a la convocatoria del sector empresarial y de representantes de la iglesia, manifestó que “había que hacerlos partícipe porque esto podía desatar problemas en los demás gremios y porque buscaban la paz social”. Seguidamente, Cantallops dijo “todo esto tuvo un problema que fueron los saqueos y lo quieren hacer responsables a los imputados, ellos nada tuvieron que ver con los saqueos”.
Destacó que durante el desarrollo del debate se habló de tensión, presión, “pero no hubo ninguna persona que haya dicho que estaba presionado, tensionado”, y ejemplificó “es lo mismo que en un juicio de violación solo se pretenda condenar con el testimonio de testigos que han dicho que supuestamente fue violada, pero no hay ninguna mujer violada que lo haya dicho”.
Posteriormente Cantallops aseguró que “fiscalía debería haber agotado todos los medios para obtener la presencia del gobernador”. Puntualizó que los imputados intentaron conseguir una mejora salarial movilizándose con su familia. Por todo ello expuesto, al final de su alegato Cantallops manifestó “pido la absolución de Luis Alberto Paredes”.
A su turno, Oscar Bacigalupe inició su análisis diciendo que coincide de manera total, plena y contundente a la cuestión introducida en este debate por los demás defensores que ya han alegado. En su apertura también dijo que no está de acuerdo con la sentencia condenatoria en los términos pretendidos por la fiscalía. Bacigalupe dijo que la causa tiene cuestiones dudosas o al menos cuestionables: “Esa causa se inicia por los delitos de sedición; lo que llama la atención es que se incorpora el delito de hurto y que, el único hurto fue el del ‘famoso’ DVR”.
En relación a ello manifestó que “no es un dato menor que una causa se inicie pensando que se va a robar algo, y luego, cuando viene a este Tribunal el supuesto testigo que informó a fiscalía sobre esos hechos diga que eso fue al revés”. En su análisis dijo que “ni los jefes ni los políticos fueron sinceros porque les conviene y es su negocio, la condena de los imputados”. Se refirió al ingreso a Jefatura, “primer pilar sobre el que se pretende construir el edificio de la acusación”, dijo Bacigalupe.
Señaló el episodio del gas arrojado en la dependencia y dijo: “¿cómo vamos a estar a la altura de este proceso preguntándonos si fue gas pimienta o gas lacrimógeno? Un perito necesitaba la fiscalía acá” y subrayó “es una prueba que no favorece a la postura de la fiscalía”. Remarcó la falta de idoneidad de algunos de los testigos que desfilaron por la Sala Penal: “¿Podemos llegar a una sentencia condenatoria por los dichos de Vittori?”, expresó Bacigalupe. Otro tema del que habló Bacigalupe fue sobre el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura, principalmente los días domingos, “es normal la irregularidad del funcionamiento”, expresó.
Durante el desarrollo del debate, la fiscalía incorporó pruebas y entre ellas fueron celulares telefónicos. En ese sentido, Bacigalupe manifestó que es difícil que los teléfonos “nos den una prueba contundente en el horario en que ocurrieron los hechos”, argumentando que los celulares al momento de filmar toman la hora automática o bien se la puede modificar de manera manual. Volvió a cuestionar la idoneidad de los testigos, “mienten, no son serios”, aclaró.
Posteriormente adhirió: “acá no había la más mínima organización de nada, no se ponían de acuerdo ni para pedir se van a poner de acuerdo para tomar la Jefatura”. En otra línea, Bacigalupe dijo “nunca se dio extorción”, haciendo referencia a los dichos de la fiscal adjunta en su alegato, Cecilia Goyeneche. “Acá no existió fuerza, no existió uso de armas”, dijo Bacigalupe y a raíz de los hechos ocurridos en diciembre de 2013 sostuvo que “no se los puede imputar ni de sedición ni de privación ilegítima de la libertad, ni instigación a cometer delitos”.
En cuanto a las condenas que solicitó la fiscalía Bacigalupe comentó que “esta forma de pedir pruebas, de pedir las condenas, no tiene ni pie ni cabeza”. Culminando su relato, Bacigalupe dijo solicitó que si hay penas “sean adecuadas, conformes a derecho, que creo que ninguno de los imputados les puede corresponder alguna”.
El Tribunal dispuso una nueva audiencia para mañana miércoles 1º de julio a las 15hs., con el fin de escuchar el alegato del abogado defensor Edelmiro Díaz Vélez.
La audiencia nº 53, se desarrolló sin la presencia de Alejandro Giorgio. El Tribunal de Juicio y Apelaciones está integrado por Jorge Alberto Barbagelata Xavier (presidente del Tribunal), Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud. La defensa estaba integrada por Juan José Bukténica, Gonzalo Cantallops, Edelmiro Díaz Vélez, César Bonato y Oscar Bacigalupe. Por su parte, la fiscalía estaba compuesta por Mariana Elías y Mario Guerrero. La audiencia se desarrolló con la presencia de la totalidad de los imputados.
