Apenas iniciada la audiencia el tribunal unipersonal presidido por el juez Martín Carbonell, concedió la palabra a la defensa, por ser la parte que apeló la medida dictada por el juez de garantías Alberto Funes Palacios. El primero en hablar fue el defensor oficial Alejandro Giorgio, quien representa a los imputados; Carlos Zaragoza y Juan Manuel Rosas, argumentó el pedido de apelación a la sentencia del juez de garantías, señalando que el magistrado no había fundamentado el rechazo a los pedidos formulados por la parte, relacionados con la morigeración de la medida privativa de la libertad. El defensor, había propuesta que de no ser posible la libertad, se contemplara el beneficio de la prisión domiciliaria.
Lo que dijo el fiscal al respecto
En este sentido, el Fiscal Guerrero, quien habló por último, puso a disposición del juez el legajo de investigación y destacó, respecto de los planteos de Giorgio (que fueron adheridos por todos los defensores), que “para esta fiscalía no es posible continuar la investigación si se cae esta medida (prisión preventiva)” En este sentido, argumentó desde el sentido común al señalar que “en esta investigación que recién empieza ya está demostrado que existió un alto grado de organización, este grupo de personas tomaron un jefatura de policía y dos salas de comando y comunicaciones, y después de eso, amenazaron testigos, escrachándolos por las redes sociales como traidores, un testigo que solo los imputados y sus abogados sabían que había declarado”
En la misma línea, Guerrero señaló que La investigación penal preparatoria se inició con muchas dificultades por la gran reticencia de los testigos a declarar contra sus compañeros de armas, y destacó que después de la medida de prisión dictada por Funes Palacios “comenzaron a aparecer más testigos”. “Es una cuestión lógica, ¿quién va a denunciar contra un policía que sigue usando el uniforme el arma reglamentaria y está sentado en un patrullero?”
En una frase contundente; el fiscal aclaró; “acá no importa el reclamo salarial, personalmente estoy de acuerdo con el reclamo salarial, pero no es eso lo que discutimos en esta causa, lo que se discute es el método, y entiendo que la prisión es una medida extrema, pero estamos investigando un delito extremo; se trata de un delito contra los poderes públicos y el orden constitucional; estamos ante un hecho extorsivo y las instituciones están en riesgo”
BUKTÉNICA
Después hablaron los defensores Juan José Bukténica y Cesar Bonatto, quienes representan a 13 imputados: Juan Pedro Lacuadra, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Luis Alberto Paredes, José María Biderbos, Carlos Rosas, Romeo Valdez, Daniel Chávez, Diego Differding, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Luis Roberto Carlino, Manuel Coutinho.
En su alocución Bukténica adhirió a las definiciones de Giorgio, y agregó “yo no puedo entender que 17 personas hayan parado una ciudad, hayan ingresado en número a la Jefatura de Policía y luego del convenio, que a mi juicio sigue siendo válido, hayan restablecido el orden en la ciudad” además, el letrado relató parte de la testimonial del Jefe Departamental de policía, quien habría declarado el 16 de diciembre del 2013 que cuando fue tomada la jefatura y estaban llevándolo a los empujones, personas de ese mismo grupo intercedieron y dijeron “esto no es lo que íbamos a hacer”
Se trataría de un grupo de policías que luego lo condujeron y dejaron en su despacho, en la planta alta del edificio.
Luego Bukténica leyó fragmentos de la declaración de Vega, el subjefe de departamental, quien declaró que él Concurrió hasta el comando radioeléctrico por orden de Villalba, quien le informó que los teléfonos de emergencia policial (101 y 421666) no contestaban. Vega constató según declaró que los teléfonos estaban descolgados y afirmó: “yo les llamé la atención y nadie me dijo nada, y en ese momento me di cuenta que estaban plegados a la protesta” tras releer las declaraciones de vega, Bukténica ironizó con la falta de autoridad de Vega y hasta sugirió al Juez de analice el traslado del funcionario policial si no era capaz de cumplir con su función. Cosa que resultó extraña en el marco de lo que se estaba discutiendo.
Después, señaló que el Juez de Garantías debió haberse excusado, porque en la audiencia donde dicta la prisión preventiva el magistrado señaló que conocía a los imputados por haber trabajado con ellos muchos años. Y finalmente se quejó de que el juez había formulado opiniones durante su resolución, que no obedecían a datos aportados por las partes sino “sobre lo que es de público conocimiento”
Continuando con su alegato, Bukténica opinó que “nadie se alzó en armas” y ensayó una hipótesis acerca del robo del DVR (sistema de almacenamiento de imágenes digitales de las cámaras de vigilancia) según la cual cualquier otra persona pudo haberlo robado, incluyendo en esta probabilidad a la cúpula policial.
Finalmente, señaló que la fiscalía y el Juez violaron el derecho de defensa al no discriminar minuciosamente la conducta delictiva que se le imputa a cada uno de los imputados por separado.
BONATO
En tanto, su compañero Cesar Bonato; se encargó de refrescar algunos nombres que habiendo sido nombrados por testigos, no fueron imputados, el caso de los funcionarios Berneche y Pasarelo quienes según uno de los testigos modulaba por la frecuencia de radio policial arengando al resto de los policías para que se plieguen a la protesta, amenazando con que sabían donde vivían y dijo además que “se sabe que jefes de las comisarías mandaban la orden de que se plieguen” Bonato se preguntó porqué si estas personas también habían sido señaladas por los testigos no estaban imputadas.
A partir de allí, Bonato –quien viene teniendo contacto con los policías desde antes que fueran imputados- (ver nota de DIARIOJUNIO: http://www.diariojunio.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=58717)
Comenzó a ensayar una suerte de discurso político, donde habló de la pobreza extrema, la corrupción, el HIV, la inflación, y opinó que fue esa la razón por la que se produjeron los saqueos. Aunque contradictoriamente, después agregó que también se vieron autos de lujo en los lugares de los saqueos (¿?)
“¿Cómo podemos atribuir este hecho social a 17 personas?” se preguntó el profesional, que a todas luces intentaba capitalizar políticamente el debate.
Después de esas definiciones que parecen estar describiendo más la crisis del 2001 que la vivida en diciembre pasado, el abogado se dio tiempo para comentar, mientras ejercía la defensa de sus pupilos, que había estudiado ciencias políticas en la universidad del litoral, y que por eso sabía muy bien de lo que hablaba, fue en ese contexto, que citó a Max Weber para introducir en el debate la psicología del hombre masa, señalando el ejemplo de una cancha de futbol. (El abogado no citó una frase ni un ensayo de Max Weber, lo que hizo fue citar el nombre del autor y decir que lo había leído, y después dio como ejemplo un estadio de fútbol)
Después, el defensor privado, insistió en la hipótesis de que el DVR fue robado por la cúpula policial, sosteniendo que “seguramente las imágenes muestran que la protesta fue pacífica” y agregó que tiene en su poder un video corto donde se ve la marcha y que los policías no estaban armados porque además estaban de franco. “no faltaron a ningún deber, ellos estaban de franco y su deber era descansar” dijo Bonatto obviando el detalle de que no solo descansaron, sino que además tomaron la jefatura de policía.
y agregó que un pedido de trasladado de la cúpula policial departamental, tras sostener que los jefes estaban amenazando a los testigos de la defensa, según las mujeres de los policías, aunque no presentó pruebas.
GUERRERO
Ante estos planteos, el fiscal Mario Guerrero –cuya argumentación fue al final pero dividimos en tres partes para facilitar la lectura- comenzó por pedirle a Bonato que presentara el video que tiene a la Fiscalía para que pudiera ser incorporada al legajo y señaló que la investigación recién empieza, y que los imputados que hay hasta el momento son los que originaron la primera medida, y surgieron del entrecruzamiento de testimoniales donde había coincidencias claras sobre el rol que jugó cada uno en la toma: “Esto no quiere decir que ellos solos tomaron la jefatura y las salas de comando, lo que quiere decir es que su participación fue decisiva y relacionada con los hechos ocurridos en la jefatura, pero seguramente va a haber más imputados, ya esta semana tuvimos cinco testimoniales nuevas” afirmó.
Debido a lo extenso de los alegatos anteriores, Guerrero ofreció el legajo con toda la prueba al vocal para evitar leer uno por uno los testimonios, y señaló que “la fiscalía tiene que determinar el rol de cada policía porque no todos los que estaban en la jefatura ese día estaba consciente de todo lo que estaba pasando, el imputado Troncoso, a través de un ardid, moduló por la radio policial que había familiares de policías heridos llamando a todas las unidades, cosa que no era cierta pero que hizo que muchos funcionarios acudieran a ver qué era lo que estaba pasando”
Además, Guerrero describió los hechos según él mismo los vió:
“yo estaba en la fiscalía cuando el subjefe nos golpeó la puerta que comunica la jefatura con tribunales para poder escaparse, salieron corriendo, eso lo vi yo” aseguró el fiscal tras describir la incertidumbre y los momentos de tensión que si vivieron por esas horas: “Los saqueos comenzaron en forma simultánea a la toma, intentamos comunicarnos con gendarmería para que garantizara la seguridad pero tenían pocos móviles, en dos ocasiones durante la noche recibimos el llamado desesperado de los gendarmes informándonos que se habían quedado sin cartuchería, no tenían más balas de goma y nos pidieron autorización para usar balas comunes. Por supuesto la respuesta de la fiscalía fue que no, que simplemente pusieran a resguardo, sino hubiera sido terrible” relató.
DÍAS VÉLEZ
El abogado de los imputados; Esteban Cendra y Luis Alberto Gómez, Edelmiro Díaz Vélez, basó su argumento de apelación en la declaración de sus defendidos, quienes habían declarado que no estaban en la jefatura de policía cuando esta fue tomada, y pidió tras citar fallos, jurisprudencia y doctrina, la morigeración de la medida preventiva.
Ante este planteo, el fiscal respondió que los imputados en efecto declararon eso, “pero los otros testigos los vieron agitando la protesta, quizá no estuvieron cuando se produjo la toma pero llegaron después y cumplieron un rol determinante para que se pudiera mantener tomada la jefatura” dijo Guerrero.
Además, Guerrero relató la toma de la jefatura según pudio reconstruir con las testimoniales, y destacó que las lesiones en el jefe de policía y el subjefe están constatadas por el médico policial.
Para evacuar dudas sobre lo ocurrido esa noche, Guerrero relató: “La puerta de la jefatura estaba cerrada con candado porque se sabía que iban a venir, la abren, se meten y toman simultáneamente las dos salas de comunicaciones, la sala de comando y la del 221 que es la que comunica con las comisarías de campaña, había un funcionario que fue sacado de ahí y empezaron a modular que se plieguen a la medida. En ese mismo momento, comienzan los saqueos ¿cómo puede ser que personas de barrios alejados se enteraran tan rápido? Se trata solo de sentido común” dijo el fiscal y agregó: “Literalmente tomaron el edificio e impidieron que Villalba (jefe de policía) abandonara el mismo, cortaron la comunicación, instigaron con su acción publicitada y deliberada la comisión de robos calamitosos, se trata de una sedición agravada por la condición de funcionarios policiales. Son personas que han planificado minuciosamente la toma, entraron de forma violenta, y los testigos son contundentes en coincidir que si no se arreglaba esa noche el conflicto en Concordia iba a haber hechos de sangre”.
La resolución se conocerá el martes 26 a las 17.00Hs.
