El año pasado, Díaz Vélez solicitó en diciembre del año pasado, solicitó la suspensión de la elevación a juicio de la causa. Se realizó una audiencia en febrero y el vocal de la Sala Penal, Martín Carbonell, denegó el pedido. Contra esa resolución, el defensor interpuso un recurso de casación que fue concedido por el vocal. Según las averiguaciones que realizó, mañana la Cámara de Casación podría fijar una fecha de audiencia. “Es decir que se va a tratar nuevamente la suspensión”, recalcó.
De concederse, se estaría llevando a cabo en Concordia la semana próxima. En esa audiencia, deben estar presentes todos los abogados e imputados. “Con esto le quiero significar que estoy en disidencia con lo que ha expuesto el ministerio Público Fiscal que ha dicho a la prensa que se haría la audiencia en el transcurso de este mes de marzo”, indicó. Por el contrario, para el defensor, la audiencia no se puede realizar hasta que no se definan tres recursos que fueron interpuestos.
En la actualidad hay 17 policías detenidos con prisión domiciliaria por la toma de la jefatura de Policía y los saqueos producidos en Concordia durante el 8 y 9 de diciembre de 2013. Están acusados de diversos delitos como sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, instigación, etc.
En diciembre del año pasado, el fiscal que investiga la causa, Mario Guerrero, había señalado que no había tiempo para que el juicio comience en lo que quedaba de ese año. “Estimo que en febrero o marzo del año que viene estaremos iniciando el juicio”, decía en ese momento.
Díaz Vélez reiteró que es imposible que se fije audiencia de inicio del juicio en marzo ni en abril, ni hasta mitad de año. “Porque no se van a resolver esos recursos”, sostuvo.
La estrategia de la defensa, de postergar indefinidamente el inicio del juicio, no es novedad para la Fiscalía donde se estima que la intención es llegar hasta el cambio de gobierno para que los acusados puedan recibir condenas más leves o la absolución por los delitos mencionados.
Pero estirar la realización del juicio también tiene un costo para los detenidos. En ese sentido, Díaz Vélez señaló que la situación de los funcionarios policiales con prisión domiciliaria se está agravando ya que no pueden salir a trabajar y actualmente reciben la mitad de su salario. “Les están afectando las necesidades económicas y tienen la familia y todas las obligaciones que tiene todo el mundo”, indicó.
