A lo largo de la audiencia, Carbonell contestó cada uno de los planteos de la defensa, para finalmente resolver el rechazo del recurso de apelación y confirmar la medida dispuesta por el Juez de Garantías el pasado 10 de febrero.
En relación al pedido de la defensa, de que la medida fuera morigerada y en su lugar se impusiera una prisión domiciliaria, el Juez leyó varias declaraciones y pruebas obrantes en la causa, que evidencian la participación de familiares, particularmente las esposas de los policías, en amenazas proferidas contra testigos que declararon contra los imputados, escraches en redes sociales, y señaló la denuncia del gerente de Carrefourd, donde el denunciante expone que un grupo de mujeres que se presentaron como mujeres de los policías le advertían que la ciudad volvería a quedar sin seguridad, y que ellos no se harían responsable de los saqueos.
Además, Carbonell señaló que en el legajo había suficientes elementos como para imputar a más personas y aclaró que “los imputados tienen adeptos, seguidores y hasta cómplices que son funcionarios policiales y aún no fueron imputados” con lo cual “es imposible garantizar la custodia de una prisión domiciliaria” y señaló que “En pocas causas como en esta he tenido tan clara la probabilidad de entorpecimiento”.
Por otra parte, el juez se refirió a la desaparición del DVR (base de datos de las grabaciones de las cámaras de seguridad) y señaló que de acuerdo a la información que surge del legajo, “a los únicos que beneficia la desaparición de esa prueba es a los imputados” aclarando previamente que en este sistema procesal (adversarial acusatorio) la defensa tiene la facultad de producir prueba incluso durante la investigación y no aparecen en ningún momento elementos que confronten con la evidencia en la que se basa la imputación de la fiscalía
Renglón aparte se merecen las consideraciones del Juez para los defensores Buktenica y Bonato, quienes cuestionaron al juez de Garantías por no haber controlado la prueba ofrecida por la fiscalía.
En este punto, Carbonell aclaró que son las partes las que deben garantizar la veracidad de la prueba, y leyó las exposiciones de los defensores durante esa audiencia, donde se destaca el interés de los letrados en hacer hincapié en cuestiones como que el “gobernador debe renunciar si le arrancaron un acuerdo” o que “el acuerdo no es nulo” que no tienen que ver con el delito que se investiga.
Cabe aclarar, que el acuerdo firmado bajo extorsión por el gobernador con los sediciosos el 9 de diciembre, hacía referencia a que el gobierno no iniciaría causas administrativas contra los policías, es decir, sumarios internos. Pero jamás podría un titular del Poder Ejecutivo comprometerse legalmente a impedir el arbitrio de otro poder independiente como es el Poder Judicial.
Los cuatro abogados defensores hicieron reserva de casación, es decir, que concurrirán ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para volver a pedir la nulidad de la medida
