El Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos emitió un comunicado antes del comienzo del proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que tendrá su primera instancia este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación.
En el documento hablan de una “avanzada política” sobre la Justicia que “busca socavar el rol del Poder Judicial, un poder que hoy es casi la única herramienta (sin dudas perfectible) con la que contamos los ciudadanos para poner límites al ejercicio de poder de los gobernantes. Volvamos a poner las cosas en su lugar: en el momento de extrema fragilidad en que nos encontramos, necesitamos defender la seguridad jurídica, reconstruir la confianza y credibilidad y defender la paz social”.
Ahora, ¿quién le pone límites a los cortesanos todopoderosos que están en sus bancas a perpetuidad con privilegios que ningún otro ciudadano goza no parece ser un motivo de preocupación para los integrantes del Foro?
Cómo aludir a la credibilidad luego de los chats promiscuos entre Silvio Robles, director general de Vocalía de la Corte Suprema de Justicia y señalado como colaborador directo del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti; con Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cómo hablar de imparcialidad cuando el máximo tribunal falló en devolverle a la Ciudad de Buenos Aires cerca de dos puntos de coparticipación federal, arrogándose facultades del Poder Legislativo al determinar el porcentaje de coparticipación correspondiente.
Cómo argumentar “confianza y credibilidad” cuando en una clara violación a la “Ley de Ética Pública”, los magistrados cuestionados no se han excusado de intervenir en causas relacionadas con clientes de sus antiguos estudios jurídicos. Por caso obsceno, el supremo Rosenkrantz (quién tampoco se puso colorado cuando Macri lo quiso meter por la ventana y lo nombró, junto con Rosatti, por decreto) quien participó en decisiones sobre “ex clientes” como Telecom, Artear, Supercanal, AMX (Claro), provincia de Corrientes, provincia de Santa Fe, Clínica Estrada, YPF, supermercado DIA, Grupo América, Pan American Energy, Piero, PBB Polisur, Clarín, La Nación, Mc Donalds, Quilmes, el Grupo De Narváez y el fondo Pegasus, entre otros. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sus colegas cortesanos, sabiendo de estas ilegalidades, las avalaron, en particular en uno de los expedientes claves: la regulación de las tarifas de celular, cable e internet del Grupo Clarín.
Otra causal de mal desempeño de los cortesanos es la actuación sobre la integración del Consejo de la Magistratura, donde aún no se aceptó la representación votada en el Senado, y que en cambio se hizo jurar a los miembros de la Cámara de Diputados cuando su presidenta, Cecilia Moreau, había pedido suspender esa jura por un fallo de un juez.
¿Confianza y Credibilidad? Cuando desde el 16 de diciembre de 2021, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz declararon inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura y, para hacerlo, revivieron una ley que estaba derogada y ordenaron llevar la composición de 13 a 20 consejeros. Con el dato fundamental que, en el nuevo esquema, el presidente de la Corte –Rosatti– se fungió como titular del Consejo de la Magistratura.
El comunicado de los empresarios entrerrianos:
“Desde el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos estamos comprometidos con trabajar para el fortalecimiento de las instituciones republicanas, exigiendo que se asegure el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, la calidad institucional y la seguridad jurídica.
Lo hemos expresado en numerosas oportunidades: la división de poderes es la garantía de una república sana y equilibrada, que ponga frenos y contrapesos a decisiones políticas que atentan contra el orden institucional.
Ahora lo hacemos con preocupación ante el intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. La manipulación de las herramientas constitucionales desnaturaliza por completo la independencia de los poderes del Estado y pone en vilo la confianza sobre el sistema republicano.
La avanzada política sobre la Justicia busca socavar el rol del Poder Judicial, un poder que hoy es casi la única herramienta (sin dudas perfectible) con la que contamos los ciudadanos para poner límites al ejercicio de poder de los gobernantes. Volvamos a poner las cosas en su lugar: en el momento de extrema fragilidad en que nos encontramos, necesitamos defender la seguridad jurídica, reconstruir la confianza y credibilidad y defender la paz social.
Hoy las urgencias no pasan por las disputas políticas. La situación económica es acuciante y todo indica que las condiciones empeorarán a lo largo del año 2023. Necesitamos enfocarnos en las soluciones de fondo que vuelvan a traer bienestar y crecimiento, en beneficio del conjunto.
Desde el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos estamos convencidos que el respeto por la división de poderes es la garantía de nuestra República que se construye sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional.”
Adhieren por el Foro de Entidades de Entre Ríos:
- Asociación Civil Parque Industrial Crespo
- Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná
- Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos
- sociación Empresaria Hotelera Gastronómica Paraná
- Bolsa de Cereales de Entre Ríos
- Bolsa de Comercio de Entre Ríos
- Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos
- Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos
- Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos
- Centro de Estudios Inmobiliarios Entre Ríos
- Corporación Para el Desarrollo de Paraná
- Consejo Empresario de Entre Ríos
- Federación Agraria Argentina de Entre Ríos
- Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos
- Federación Económica de Entre Ríos
- Federación Entrerriana de Cooperativas
- Industriales Madereros de Federación Entre Ríos
- Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos
- Unión Industrial de Entre Ríos
