Entretanto, los chilenos se mantienen en la calles exigiendo un cambio en el sistema económico y de redistribución de la riquezas en el país, así como una nueva Constitución.
«La solución en democracia es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un Gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría», aseveró el político derechista que ordenó un toque de queda en la nación para contener las movilizaciones sociales.
Aseguró que desde su Administración se usaron «herramientas democráticas y constitucionales», como el decretar el estado de emergencia, con el objetivo de «restituir el orden público y proteger a nuestros ciudadanos». Sin embargos, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ejecutadas por agentes de las fuerzas de seguridad se acumulan.
De hecho, la Organización de Naciones Unidas (ONU) envió una comisión a Chile para verificar las denuncias, entre ellas algunas de tortura. No obstante, el mandatario chileno no hizo referencia a los muertos registrados durante las protestas.
Al ser consultado sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, defendió los protocoles aplicados durante las protestas, e, incluso, aseguró que ha estado presente durante las movilizaciones en contra de su Gobierno.
«Yo también he estado allí. No confunda la acción de una persona, que tal vez cometió un error, de la instrucción que le hemos dado a nuestras fuerzas», dijo cuando fue cuestionado por la represión.
De acuerdo con sus declaraciones, su Gobierno está escuchando los reclamos del pueblo que se mantiene en las calles y está dispuesto a dialogar para alcanzar acuerdos.
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