Tras el encuentro, realizado en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, Claudia Mizawak comentó que la Sala Penal del STJ pidió una audiencia con el gobernador para dialogar sobre la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, iniciativa que fue anunciada por el mandatario en la Asamblea Legislativa. “Queremos participar y hacer nuestros aportes. De hecho, ya estamos trabajando desde que escuchamos la noticia en la Asamblea Legislativa y nos hemos abocado a reunir nuestros precedentes, aquellas sentencias de nuestra Sala que iban interpretando en un sentido o en otro para mejorar el servicio de justicia penal y el sistema acusatorio. Hemos estado reuniendo todo ese material porque queremos ponerlo a disposición de la legislatura y hacer todos los aportes posibles», indicó Mizawak.
«Vemos desde el Poder Judicial que el sistema acusatorio, tal como está diseñado en la Ley 10.317, ha sido en la práctica y con el correr de los años de alguna manera desnaturalizado», sostuvo la magistrada y agregó: «Creemos que las partes, los fiscales y la defensa, tienen que encontrar, para que esto funciona correctamente, una garantía que justamente son los jueces de garantía. Y esos jueces de garantía tienen que ser jueces de garantía fuertes, dispuestos a controlar el cumplimiento de todas las garantías. Queremos fortalecer dentro de la magistratura esta instancia y queremos también proponer mejoras en el sistema de gestión de audiencias para que se aprovechen mejor los recursos», apuntó Mizawak.
Aclaró luego que «la facultad exclusiva y excluyente es del Poder Legislativo, entonces, nuestro aporte puede ser en la medida de que la Legislatura, el oficialismo, la oposición, en Senadores y en Diputados, la tomen. Así que esperamos ser recibidos también en ese ámbito para explicarles las razones de las reformas que tenemos en mente. Son ellos quienes pueden hacer de esto una nueva ley», acotó.
Por su parte, Daniel Carubia, entendió que es necesario generar un aceleramiento de los términos, y apuntó: “Es decir, que los juicios terminen en un plazo razonable. Esto requiere de toda una logística e infraestructura que debe estar adecuada para que el juicio pueda realizarse rápidamente».
En tanto, Miguel Ángel Giorgio, se refirió a los dichos de Mizawak y adelantó que “se trabajará sobre esos puntos centrales que para nosotros tienen importancia en la futura reforma».
CASTRILLON Y SU CRITICA AL PODER DE LOS FISCALES CONTRA LA DEFENSA
Vale destacar que el actual Código de Procedimiento Penal tiene poco más de 10 años y uno de los primeros en cuestionar su funcionamiento fue el expresidente del STJ eyectado por el poder, Emilio Castrillón quien hace varios años alertó sobre el enorme poder de los fiscales y la escasa posibilidad de las defensas.
Lo dijo así : Se necesitan nuevos cambios a fin de asegurar el derecho de los imputados. Y afirmó que actualmente no se garantizan los derechos del imputado en el proceso, y se debe generar una discusión para fortalecer las garantías y la defensa”.
Castrillon consideró que “en el sistema acusatorio debe haber igualdad entre las partes. En la apertura de la causa el Fiscal debería notificar al encausado y a partir de ese momento quedar facultado a realizar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y que la defensa debería tener todos los elementos y entrevistas recolectados por la fiscalía durante el desarrollo de esta.
En relación a los jueces de garantías, dijo que hoy dictan medidas de coerción y en la mayoría de los casos se limitan a los fundamentos del fiscal y consideró que en los casos en que la aplicación de esas medidas sea controvertida el juez debería efectuar un análisis más pormenorizado del legajo penal, de los hechos y los fundamentos de las partes”.
En cuanto al vencimiento de los plazos dijo que “la IPP debería practicarse en el término de tres meses a contar de la fecha del decreto de la apertura de la causa”. https://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=100430
Estas declaraciones de Castrillón fueron efectuadas en el año 2019.
