En las siete páginas con las que recurre a la Cámara Federal para que reabra la causa contra Macri, Di Lello describe los motivos jurídicos y sus consecuencias. “Se trata de un tema de extrema gravedad que no puede ser resuelto imprudentemente y que en el futuro pueda causar daños políticos, jurídicos y económicos para la Nación. En tal situación es indispensable el mayor consenso de todos los representantes requeridos por la Constitución, tal como establecen las normas en lo atinente a contraer créditos sobre el patrimonio de la Nación”, sostiene el fiscal.
Allí, Di Lello recuerda que se trata de la denuncia por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, contra funcionarios del Poder Ejecutivo por la suscripción de un crédito con el FMI de 50 mil millones de dólares, “arrogándose facultades legislativas sin la debida autorización constitucional”. Por lo que el fiscal pidió medidas de prueba e imputado a Macri, Peña, Dujovne y Caputo.
La presentación también describe su confrontación jurídica con el principal argumento de Ercolini para desestimar y cerrar la causa. El juez invoca el último párrafo del artículo 60 de la ley 24.156, de Administración Financiera, que autorizaría al Ejecutivo a contraer créditos con organismos internacionales del que la Nación sea parte. Para el fiscal, el magistrado “erróneamente sostiene que dicha norma se encuentra vigente pese a ir en contra de los preceptos constitucionales publicados con posterioridad”.
“La Constitución Nacional (reformada en el ‘94) posterior a la ley cuestionada, deroga todas las disposiciones legales contrarias a ella. Así, no encuentro lugar para depositar duda alguna en relación con ello, la entrada en vigencia de la Constitución, ley suprema del Estado argentino, deroga todas las normas hasta el momento, que contrarían sus mandatos”, sostiene Di Lello en su apelación.
La denuncia presentada por Lozano y Jonatan Baldiviezo (presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad), señala que el acuerdo con el FMI se rubricó a pesar de que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitado por una ley del Congreso Nacional, como establece la Constitución. En diálogo con PáginaI12, Lozano también se refirió a uno de los argumentos esgrimidos por Ercolini para cerrar la causa y que también cuestiona Di Lello. “Para salvaguardar a Macri, Ercolini se recibió de guitarrero. Intenta revivir una ley caduca con un Digesto Jurídico (que ordena la vigencia de las leyes) que no está vigente”, sostuvo Lozano.
“Consultamos a la comisión bicameral que elaboró el Digesto Jurídico, y nos comunicaron que Diputados lo aprobó pero el proyecto fue observado por el Senado. Ercolini se atribuye la interpretación de la voluntad del legislador en la elaboración de una ley que no fue sancionada”, insistió Lozano y remarcó con ironía: “Si tomáramos la interpretación de Ercolini, el aborto legal, seguro y gratuito sería ley porque fue aprobado en Diputados a pesar que el Senado la rechazó”.
