La historia de la causa comenzó con la firma de un convenio entre la mutual y el Municipio de Paraná el 22 de enero de 2016. En el entendimiento, la Municipalidad giraría un total de 1,5 millones de pesos a la Mutual Modelo en concepto de adelanto de créditos tomados por empleados municipales. La maniobra tenía el fin de lograr “paliar la situación financiera” de la financiera.
En el caso hubo una opinión en doble sentido de los organismos de contralor municipal. Mientras que el Contador General del municipio, Eduardo Campedsuñé, observó el convenio y puso alertas por el riesgo de recupero de los fondos públicos comprometidos, el secretario Legal y Técnico municipal, Walter Rolandelli, dio el visto bueno y dictaminó en consonancia.
El Intendente se inclinó por el criterio de su asesor legal y el Municipio emitió una orden de pago que no llegó a ejecutarse, debido que para sortear la objeción de contaduría, la Mutual inició otro expediente con el mismo fin: hacerse con los 1,5 millones de pesos.
Según informó APF, de allí surge un nuevo convenio que también recibió objeciones de Campedsuñé, pero tuvieron el mismo fin que las anteriores: fueron desoídas por el Gobierno municipal que emitió una nueva orden de pago. Esta no llegó a ejecutarse debido que antes de que se produzca la cancelación, el diputado provincial y titular de la Departamental Paraná del PJ, Gustavo Guzmán, interpuso una demanda.
Fue entonces que, a través de un decreto, Varisco dio marcha atrás y anuló el pago. En septiembre del año pasado, Varisco concurrió como testigo y lo mismo ocurrió con Rolandelli.
A fines de mayo, la fiscal Yedro solicitó la elevación a juicio de la causa. En uno de los puntos centrales de su escrito, la funcionaria judicial sostuvo que existió un “notorio y denodado interés en beneficiar a la Mutual Modelo, a través de su presidente, Ángel Emilio Miguel Picazzo, a partir del otorgamiento de un anticipo de fondos, cuyo fundamento o motivo, no guardaba relación alguna con la finalidad que persigue la Municipalidad de Paraná, ni con los supuestos beneficios que aquella brindaría a los empleados municipales”.
Además, la maniobra “encubría una simple detracción de fondos públicos para favorecer a un particular”. Un elemento que sostiene el argumento de la Fiscal es que en los convenios no existían “las fechas de pago de la devolución del dinero prestado” ni tampoco los intereses en el primer convenio, lo que se revertía en el segundo con una tasa preferencial en el segundo acuerdo.
En defensa de Varisco, su abogado Rubén Pagliotto sostuvo que la marcha atrás con el pago se debió a que el intendente juzgó que era necesario “priorizar a otros proveedores” con urgencias más acuciantes. Además, dijo que la Mutual “se le debían 6,5 millones de pesos y se le adelantaban 1,5 a devolver en 10 cuotas más intereses”.
El letrado además entendió que fue un “error garrafal” de la Fiscalía sostener la acusación, dado que “no existen, en modo alguno” en el caso “conductas típicas que justifiquen una persecución penal: no salió dinero de la esfera estatal y por lo tanto el erario público no sufrió menoscabo alguno. Concretamente no hubo ningún perjuicio patrimonial del Estado Municipal”.
