Es importante destacar que la Comisión de Reforma coordinada por Federik es integrada por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).
Estuvieron presentes los senadores representantes de la Comisión de Legislación General, su presidente Mariano López (del bloque del Partido Justicialista), y los secretarios Eduardo Jodor (PJ), Sergio Marsiglia (PJ), Hugo Berthet (Frente Para la Victoria), Julio Majul (Nuevo Espacio Entrerriano) y Graciela Zambón (UCR).
El presidente de la Comisión de legislación, Mariano López, explicó que “la idea es terminar de definir los lineamientos del proyecto y ponernos a trabajar en el despacho de la comisión para la aprobación definitiva por parte del Senado de este proyecto”. Además explicó que “quienes estuvimos presentes en la reunión estamos de acuerdo, así que estimo que no habrá obstáculos para que se apruebe en breve”.
Al respecto explicó Federik que el lanzamiento “refleja la decisión política del Gobierno sobre el punto, que constituye una medida firme, clara y concreta frente a la necesidad tantas veces expresada en la gente de mejorar la respuesta del Estado como comunidad organizada ante los ataques del delito. La multiplicación de los hechos delictivos y la consiguiente sensación de inseguridad generada en la población a pesar de los esfuerzos de hombres y mujeres que diariamente trabajan para ello, debe contar con una respuesta más efectiva”.
En la presentación se reprodujo una parte de la exposición de motivos del Proyecto de Código, en la que se resaltó que “ante los cambios ocurridos en nuestra sociedad, el aumento de las causas penales, que deben ser atendidas por los tribunales, y la cada vez más compleja realidad del delito, se torna insoslayable la búsqueda de una solución de fondo”. Por ello, la reforma que propone el Poder Ejecutivo lleva adelante una reorganización de las fuerzas existentes en el Estado provincial; y busca la modificación las estructuras de la investigación penal, colocando al Ministerio Público en su efectivo y verdadero rol para lograr la dinámica y velocidad en la persecución penal. Para ello estará dotado de posibilidades mucho más amplias e intensas que las que hoy se disponen. La Reforma pondrá su acento en los delitos que el sistema actual no puede abarcar porque su número lo sobrepasa y hace inútiles los esfuerzos.
