En Concordia se cosecharon cerca de 10.000 rúbricas de diversas formas: mediante centros de jubilados, asociaciones, agrupaciones políticas, personas independientes y diferentes organizaciones que incluso enviaron las firmas por correo al Instituto Patria, etc. “Esto empezó en enero y febrero y fue tanta la respuesta que se fue prorrogando hasta hace unos días. Fueron seis meses de trabajo”, indicó.
Más adelante, explicó que el proyecto debe ingresar por el Senado y una vez que se lo trate en esa cámara pasa a Diputados. Una vez que logre la sanción puede ser promulgado por el Ejecutivo. Pero Trupiano dejó en claro que, si llega a esa instancia, el presidente Mauricio Macri ya dejó entrever que va a generar las acciones correspondientes para vetar el proyecto.
En consecuencia, de utilizar el veto, Trupiano señaló que quedaría expuesto el accionar antidemocrático del gobierno nacional. “Frente a este tipo de iniciativas, que protegen a los sectores más desprotegidos, termina generando acciones muy antidemocráticas como el veto”, dijo. Si bien el veto es un instrumento del Ejecutivo, cuestionó que se lo utilice para bloquear iniciativas con espíritu democrático. “Eso tiene un costo político que va a seguir pagando”, dijo.
Más adelante, Trupiano sostuvo que el proyecto sancionad perjudica a jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, ex combatientes de Malvinas, etc. “El abanico de personas perjudicadas es enorme”, indicó.
Por otra parte, el ex titular de la UGL local del Pami sostuvo que la reforma previsional perjudico a jubilados en comparación con la formula anterior. “De acuerdo a esta nueva fórmula, al finalizar el año, van a percibir un aumento del 18,4 % pero con la fórmula anterior hubiesen recibido un 29 % más”, dijo. Asimismo, explicó que los trabajadores activos también van a ser afectados dado que se van a jubilar con un 40 % del salario actual mientras que con la fórmula anterior se les garantizaba un 65 %. “Con este sistema, los trabajadores activos son perjudicados”, indicó. “Este es un daño muy fuerte no solo para los actuales jubilados sino para aquellos que están en proceso de jubilación”, dijo.
“Todo esto erosiona el poder adquisitivo de los adultos mayores que, aparte de comprar menos cosas, tienen que comprar medicamentos y cuestiones que antes estaban contempladas por las obras sociales, como el caso del Pami que hoy por hoy no están cumpliendo con un montón de beneficios que hoy ya no están contempladas”, indicó.
Más adelante, indicó que las negociaciones entre la Nación y el FMI (Fondo Monetario internacional) contempla la posibilidad de volver a las AFJP. “Algo que parecí tan alejado, que no íbamos a volver nunca más pero este retorno al FMI y de asesores como Domingo Cavallo que hace prever medidas que tienen que ver con la privatización del sistema previsional con una réplica muy similar al de las AFJP”, indicó. “Volver a la década del 90 es muy triste después de tantos avances en derecho en reconocimiento de un Estado con un rol activo”, señaló.
De la misma forma, sostuvo que se están generando medidas restrictivas que apuntan a volver a un “Estado tonto” que tenga muy pocas prestaciones, obligaciones y servicios. En esa línea, se inscribe la noticia publicada la semana pasada por Clarín que daba cuenta de la posibilidad de que todos los sindicatos se queden con los aportes de los afiliados que se jubilan y que hoy transfieren al Gobierno para que vayan al PAMI. El objetivo será que las obras sociales gremiales se hagan cargo de la salud esos jubilados. El proyecto ya tendría el aval del secretario general de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, quien habría instruido a los gremios alineados a que ayuden al Gobierno en medio de la crisis cambiaria que sufre.
Y lo contrastó con la “mayor inclusión histórica” de adultos mayores en el sistema de jubilaciones realizada desde 2003 a 2015. “Más de 6.500.000 jubilados que hoy se están preguntando ¿Que va a pasar con nosotros? O personas que reciben una pensión por viudez de sus conyugues y que hoy están preguntándose que va a pasar con sus pensiones; las erogaciones que cada vez se van achicando más, partidas presupuestarias cada vez más reducidas”, indicó.
En esa línea, sostuvo que el año pasado el Pami volvió al sistema de cápitas, vigente en el Pami durante el menemismo. Es decir, un médico podía tener una cápita de 600 jubilados que contemplaba el pago de una suma fija los atendiera o no. “Obviamente ese medico iba a atender de esas 600 cápitas atendía cinco, diez, veinte. Era un sistema muy injusto”, dijo.
“En la época de Cristina el Pami pagaba por prestaciones médicas que realmente realizaba a los especialistas, a los médicos de cabecera, a los sanatorios. Era un sistema de prestación por cartera asignada”, dijo. “Hoy eso no se ve y los jubilados ven que se los atiende menos. Los turnos son cada vez menores, los prestadores se empiezan a caer porque ya no les conviene trabajar con la obra social y es uno de los tantos beneficios que están perdiendo además de este achique en su jubilación”, acotó.
“La presentación que se va a hacer mañana es realmente muy fuerte, revolucionaria, porque le exige al gobierno de Mauricio Macri tomar cartas en el asunto; obviamente sabemos que no lo va a hacer. Cuando vete va a tener que hacerse carfgo del costo político de decirle que no nuevamente a los sectores más desprotegidos como nuestros ancionos, nuestros adultos mayores y nuestros discapacitados”, indicó.
