El proyecto fue consensuado en 2001 (gestión Orduna) por los distintos gremios que tienen afiliados en el municipio. “Se llegó a armar un borrador interesante para ser pulido, para seguir siendo trabajado”, expresó. Los gremios habían tomado como ejemplo el Régimen Jurídico Básico, norma que regula al empleado público provincial, que tampoco fue sancionada por la actual administración provincial.
Luego se formó una comisión de concejales para examinar la propuesta compuesta por el presidente Luis Fonseca (PJ), Jorge Ferrera (PJ) y Gladis Tribulatti (Nuevo Espacio). Pero no alcanzaron a reunirse ni una sola vez con los gremios. El mecanismo de funcionamiento de la comisión también había sido concebido. Se iba a discutir por área, recorriendo las diferentes reparticiones municipales para diseñar nuevos organigramas. “Esto nunca se hizo”, indicó Velásquez.
Si se hubiese sancionado el proyecto que actualmente “duerme” en algún cajón del Concejo, habría más trabas para impedir el ingreso de personal a la planta ya de por sí sobredimensionada del municipio. “Estamos hablando de 400 o 500 contratados”, confirmó Velázquez. Versiones no confirmadas oficialmente aseguran que se jornalizarían más de 400 contratos efectuados por la gestión del intendente Juan Carlos Cresto durante este año o el próximo. “Si había una planta de 2.000 personas, ahora estaríamos orillando los 2.500”, añadió Velázquez.
Un estatuto arcaico
Entre las innovaciones del proyecto, se destaca el capítulo dedicado a la admisión de empleados públicos. “Se tenía en cuenta algunos parámetros básicos de ingreso que tenían que ver con la formación, el talento y las capacidades que pudiesen tener”, enumeró. Incluso, se había previsto concursos públicos para ocupar las eventuales vacantes que podían surgir. “Ese punto nunca se tuvo en cuenta”, aseguró.
El estatuto que rige en la actualidad data de 1949. “Para su época fue avanzado; 56 años después el Estado y la ciudad son otras”, precisó. De acuerdo a esa norma, a los empleados se los divide en dos escalafones básicos: administrativo y operarios. Pero esa simplificación quedó vetusta con el correr de las décadas. “Hay cuestiones del servicio técnico que no están asimiladas a lo que es el escalafón hoy en día. Hay técnicos- administrativos en Informática”, ejemplificó.
La capacitación es otra de las exigencias incluida en el estatuto. Informática, manejo administrativo y para utilizar la maquinaria adquirida en Brasil. “Estas capacitaciones no son sistemáticas y permanentes para todo el personal”, dijo. En el estatuto nuevo se había propuesto que las capacitaciones se desarrollen para todas las áreas, mediante convenios con otras instituciones o internamente con empleados calificados. “Actualmente muchos son idóneos pero otros no lo son, como no están capacitados ¿Quién los capacita?”, este gobierno se ha caracterizado por la improvisación”, dijo.
Por último, el delegado indicó que ATE ha sido discriminado por la actual gestión de gobierno. Incluso, no han podido intervenir en la recategorización dispuesta a finales de año pasado. El único gremio que tuvo participación fue la Unión de Empleados Municipales, conducida por Antonio “Tony” Menga.
