Según el comunicado oficial de AJER, el plan de lucha se aprobó “en rechazo al ajuste implementado a través de la Ley de emergencia y al aumento concedido unilateralmente por el gobierno; demandar que se constituya una mesa de diálogo; que se derogue la Ley de emergencia provincial o su finalización en junio, sin extensión hasta diciembre; que se convoque a todos los sectores involucrados en la Caja de Jubilaciones de la provincia a una mesa de diálogo (con todos los números de la caja sobre la mesa) para acordar las modificaciones que garanticen la permanencia del 82 por ciento y la sustentabilidad del sistema; y, también, reclamar al gobierno nacional para que ponga límite al saqueo al bolsillo de los trabajadores que realizan las grandes compañías que controlan monopólicamente los precios.
El documento que elaboró el plenario de AJER, enuncia que luego de un año sin aumentos “el gobierno depositó los sueldos de febrero/21 con un incremento del 15 por ciento, que en la mayoría de los casos es mentiroso ya que absorbe la suma fija que cobraban el 59 por ciento de los trabajadores judiciales, y porque muchos con el mencionado aumento ingresaron o subieron en la escala de los descuentos de la ley de emergencia, por lo que además se redujo el aumento en un 2, 4, o seis por ciento más. Es así que el incremento salarial real dista mucho del 15 por ciento anunciado, significando para los primeros cargos del escalafón con poca antigüedad cifras irrisorias, lo que ha generado mucha indignación, ya que lo que se da por un lado se quita por el otro”.
Una vez más, “el ajuste de las cuentas públicas y de la caja de jubilaciones recae sobre las espaldas de los trabajadores. Y si hablamos de la Caja de Jubilaciones, años de falta de valentía política de los sucesivos gobiernos (incluido el presente) han postergado irresponsablemente el debate que permita llegar a acuerdos sobre indispensables modificaciones que le den sustentabilidad, que no es otra cosa que garantizar a los actuales beneficiarios y a las generaciones futuras que el 82 por ciento móvil siga siendo una conquista y una realidad”, precisaron.
Además, indicaron que “esta inacción es -en parte- responsable del presente ajuste sobre los sueldos de los trabajadores. El otro elemento clave en esta ecuación de deterioro del salario, es la inacción del gobierno nacional en controlar la inflación. Que de la forma en que se dio no es otra cosa que el saqueo al bolsillo de los trabajadores por parte de los 15 o 20 conglomerados de empresas formadoras del precio de los productos de la canasta básica”.
También, dijeron que “Molinos Río de la Plata, Arcor, Aceitera General Dehesa, La Serenísima, P&G, Unilever, entre otras monopolizan el mercado imponiendo aumentos desmedidos frente a la tibia e ineficaz acción del gobierno nacional, que tiene como resultado el deterioro del salario, a través de la transferencia de ingresos de los bolsillo de los trabajadores a las grandes compañías monopólicas”.
